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Directora del ICBF revela graves irregularidades y acusa corrupción interna

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Resumen

La líder del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, denunció un escándalo de corrupción dentro de la institución, incluyendo irregularidades en contratos y sobrepagos de nóminas. Tras una auditoría, se descubrieron anomalías en al menos 220 contratos.

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En una serie de sorprendentes declaraciones, Astrid Cáceres, líder del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), ha destapado un escándalo de corrupción dentro de la institución. Cáceres utilizó su cuenta de X para denunciar numerosas irregularidades, que van desde incumplimientos contractuales y falsificación de soportes hasta sobrepagos en las nóminas de los empleados.

Tras una minuciosa auditoría forense de los contratos, ejecutada en colaboración con la secretaría de transparencia del Gobierno Nacional, se evidenciaron preocupantes anomalías. Se descubrió, por ejemplo, que los pagos de las nóminas excedían los montos reales otorgados a los colaboradores. Además, muchos contratos presentaban deficiencias relacionadas con el número de niños atendidos, incumpliendo así con las cuotas establecidas y financiadas.

"Hemos identificado que en ciertos contratos antiguos se reportaban proyectos finalizados en un periodo más corto del acordado, evitando gastos con terceros pero facturando al instituto como si se hubiera cumplido con el tiempo estipulado", indicó Cáceres.

Durante la inspección, también surgió la sospecha de que se forjaron documentos con el afán de respaldar la experiencia de los operadores encargados de atender a la primera infancia.

Se señaló que al menos 220 contratos, manejados por 59 operadores, mostraron signos claros de prácticas corruptas: mismos representantes legales, direcciones comunes, similitudes en la forma de constitución, fechas de establecimiento coincidentes y errores en la definición del objeto y alcance.

La directora del ICBF enfatizó que ya se han informado a las autoridades correspondientes sobre estos hallazgos para que se tomen las medidas sancionadoras pertinentes.

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