“¿Dónde está la plata de la valorización?”: Veedores exigen respuestas por millonario enredo en el Par Vial de la calle 54 en Bucaramanga

Una nueva tormenta política y ciudadana rodea a la Oficina de Valorización de Bucaramanga. Un grupo de veedores, líderes comunales, profesionales y propietarios afectados elevó una dura carta al director de esa dependencia en la Alcaldía de Bucaramanga para exigir explicaciones inmediatas sobre lo que califican como un posible cambio irregular, costoso y jurídicamente cuestionable del proyecto vial financiado con recursos de valorización conocido como Par Vial calle 54 carrera 27, obra que fue cobrada hace años a los ciudadanos pero que continúa sin ejecutarse.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

En el documento, remitido también a organismos de control, los firmantes cuestionaron con severidad las recientes declaraciones del director de Valorización sobre el futuro del proyecto y advirtieron que la administración municipal estaría promoviendo una modificación sustancial de la obra originalmente aprobada por el Concejo, sin que dicho cambio haya sido sometido nuevamente a esa corporación.

La carta fue suscrita por el ingeniero Ramiro Vásquez Giraldo, el ingeniero Ismael Orozco, el edil de la Comuna 12 José Alfredo Vega, el presidente de la Junta de Acción Comunal de La Concordia César Augusto Flórez Ayala y la abogada Marcela Chain, esta última en representación de propietarios de viviendas del barrio Gómez Niño presuntamente afectadas por la reclasificación predial.

“Cualquier modificación a un Acuerdo del Concejo debe ser expuesto al Concejo de Bucaramanga para que este lo apruebe”, recalcaron los ciudadanos en la comunicación, en la que sostienen que el proyecto que hoy plantea la Alcaldía ya no corresponde a la iniciativa aprobada originalmente dentro del paquete de obras por valorización.

La controversia gira en torno a la denominada “Solución Vial calle 54 - calle 56, Conexión Oriente-Occidente y Occidente-Oriente”, incluida en el Acuerdo 075 de 2010, mediante el cual se autorizó el cobro de valorización para ejecutar varias obras estratégicas de movilidad en la ciudad.

Modificaciones injustificadas

Para ese proyecto específico se asignaron cerca de 78.982 millones de pesos, suma que, según los veedores, incluía diseños, gestión predial y costos estimados de construcción.

Sin embargo, 16 años después del acuerdo, la obra sigue sin materializarse y el costo proyectado del nuevo esquema que analiza la administración ya ascendería a 330.000 millones de pesos, cifra que disparó las alarmas entre contribuyentes y sectores de control ciudadano.

Los firmantes sostienen que el proyecto ha sido alterado en múltiples oportunidades y que ya no se trata de una simple actualización técnica, sino de una obra completamente distinta. “Ninguno de esos proyectos es de actualización. Son otros proyectos, en sitios diferentes, con diseños diferentes y con costos diferentes”, advirtieron.

La carta también pone el foco sobre el millonario gasto en estudios y rediseños sucesivos. Según denuncian, luego de haberse pagado inicialmente por los diseños del proyecto aprobado, la administración contrató en 2021 nuevos estudios por 3.164 millones de pesos para replantear la obra, a pesar de que, según los ciudadanos, ya existían diseños terminados. A esto se sumarían otros 2.885 millones de pesos en estudios y diseños adicionales entre 2021 y 2023 que, de acuerdo con información conocida públicamente, hoy son objeto de indagaciones por parte de la Fiscalía.

“El haber pagado por el proyecto inicial y ahora tener que volver a pagar por otro proyecto totalmente diferente para la misma obra corresponde determinar a la Fiscalía, a la Contraloría y a la Procuraduría qué irregularidades hayan ocurrido”, señalaron.

La indignación ciudadana aumentó con el anuncio de una nueva “hoja de ruta” que contempla más actualizaciones financieras, nuevos avalúos prediales y gestión sobre 104 predios requeridos para la eventual ejecución de la obra. Para los firmantes, resulta inexplicable que se hable de un costo definitivo de 330 mil millones de pesos cuando ni siquiera se han actualizado aún los avalúos de los terrenos a intervenir.

“¿Cómo diablos se llega a ese estimado si todavía no han hecho nuevos avalúos prediales de esos 104 predios?”, cuestionaron en uno de los apartes más duros de la misiva. Otro de los puntos más delicados de la denuncia tiene que ver con presuntas irregularidades en la clasificación catastral de predios afectados por el proyecto.

Según el documento, una propietaria y abogada que revisó el proceso detectó que varios inmuebles habrían sido reclasificados de urbanos a rurales, pese a pagar históricamente impuestos y servicios públicos como predios urbanos, lo que eventualmente podría reducir artificialmente su valor comercial en procesos de adquisición o expropiación.

“Qué manera tan burda y grosera de tratar al contribuyente”, expresaron los firmantes, quienes consideran que la situación vulnera los derechos patrimoniales de los propietarios afectados.

No hay socialización ciudadana

La carta también cuestiona la falta de participación ciudadana en las modificaciones del proyecto. Los veedores aseguran que la administración no ha convocado a la Junta de Propietarios y Poseedores de Inmuebles, instancia obligatoria dentro de los procesos de valorización para garantizar representación de la comunidad en decisiones sobre obras financiadas con estos recursos.

“Usted, señor Director de la Oficina de Valorización, no está atendiendo este mandato legal”, reprocharon al funcionario, al tiempo que solicitaron convocar de inmediato la actualización de dicha junta para que participe en cualquier redefinición del proyecto.

Además, plantearon interrogantes jurídicos de alto calibre sobre el manejo de los recursos ya recaudados. El grupo ciudadano pregunta quién autorizó utilizar dineros cobrados para una obra específica en un proyecto distinto y si ello podría configurar un eventual peculado por cambio de destinación.

“¿Acaso no es necesario tramitarse en el Concejo como proyecto diferente, que no puede utilizar recursos de otra obra diferente que nunca se ha ejecutado?”, se lee en la carta.

Los firmantes advirtieron que estarán vigilantes del actuar del Concejo de Bucaramanga, corporación a la que también dirigieron copia de la comunicación, junto con la Personería, Defensoría del Pueblo, Procuraduría Regional y Contraloría General.

En el cierre del documento, los firmantes lanzaron una advertencia política y social a la administración municipal: si no se esclarece el manejo de los recursos y el futuro del proyecto, la ciudadanía volverá a movilizarse como ya ocurrió en el pasado durante las protestas contra la valorización. “Los recursos son nuestros, porque los pagan los ciudadanos afectados. No de la Alcaldía, ni de los concejales”, subrayaron.