¿Dónde están los CONGRESISTAS de Santander, porque las obras no se ven?

Por: Oscar Jahir Hernández Rugeles

Si usted es santandereano y no ha vuelto a ver una sola obra de infraestructura en marcha en el departamento, tal vez debería empezar por hacerse una pregunta incómoda: ¿a quién le entregó su voto para el Congreso en las pasadas elecciones? Ahí puede estar la raíz del problema. Nunca en la historia se había tenido un número tan elevado de congresistas vinculados directamente a la región, pero paradójicamente, esta representación es proporcional al nivel de ineficiencia con que han gestionado recursos e inversiones para Santander. Es cierto, técnicamente no es su función directa, pero todo ciudadano sabe que ellos son la voz del departamento en el Congreso y tienen la responsabilidad de intervenir en la discusión y aprobación del presupuesto nacional. Por eso, se espera que se batan en el ruedo político para asegurar proyectos que impulsen el desarrollo del territorio. Pero esta bancada, compuesta por nueve senadores y ocho representantes, parece estar más cómoda en la tribuna que en el campo de juego. Curiosamente, la mayoría de ellos pertenecen a partidos alternativos que, durante la campaña, juraron ser la renovación política que cambiaría las formas de gobernar. Y, para ser justos, han cumplido su promesa: ahora en Bogotá se gobierna como si Santander no existiera.

Cuando sobran los discursos

Con casi tres años cumplidos en sus cargos de representación, lo que hay para mostrar es más bien escaso. Las críticas por sus intereses personales y beneficios propios pesan mucho más que cualquier esfuerzo en favor del trabajo social y comunitario que se esperaría de ellos. Un caso emblemático es el senador Pulido Hernández, quien llegó al Congreso impulsado, literalmente, por el voto hecho público desde las 8 de la mañana del exalcalde Rodolfo Hernández (Q.E.P.D.). Su aporte al departamento es tan inexistente como su conocimiento de la región que se supone debe representar. La indiferencia de Pulido Hernández no está sola; lo acompañan nombres como Fabián Díaz, Sandra Jaimes, Gloria Flores, Mary Anne Perdomo y Álvaro Rueda. Todos ellos parecen tener algo en común: su lealtad incondicional al gobierno petrista que les asegura jugosos espacios burocráticos. ¿Dónde están esos favores? En el SENA, el ICA, Parques Nacionales, el Hospital de Barrancabermeja y el Fondo Nacional del Ahorro, entre otros. Por supuesto, esa dedicación a sus propios intereses deja muy poco para los santandereanos que los eligieron. Y la lista no termina ahí. El resto de la bancada santandereana, que ondea con orgullo las banderas de la santandereanidad, no se queda atrás en este triste espectáculo. Ahí están Christian Avendaño del Partido Verde, los liberales Jaime Durán Barrera y Miguel Ángel Pinto, los conservadores José Alfredo Marín y Luis Eduardo Díaz, los representantes de la Liga de Gobernantes como Erika Tatiana Sánchez, y otros nombres que aún siguen luchando por dejar al menos un recuerdo. No hay que olvidar a Óscar Villamizar del Centro Democrático, Gustavo Moreno del extinto movimiento En Marcha, Sandra Ramírez Lobo Silva y Jairo Reinaldo Cala Suárez del Partido Comunes (FARC).

La inexistente unidad parlamentaria

Siempre se ha hablado de la importancia de unir fuerzas en un solo frente ante el gobierno nacional, pero ese anhelo sigue siendo un espejismo. Los petristas no han querido aceptar lo evidente: el abandono del gobierno hacia la región es real y palpable. Por otro lado, quienes no pertenecen a esa línea política tampoco han ofrecido soluciones innovadoras. Prefieren quedarse en la cómoda zona de confort que les brinda la política tradicional, mientras que algunos, sin el menor interés por la gestión pública ni un concepto ideológico claro, andan de ministerio en ministerio mendigando puestos, contratos y, de paso, pidiendo donaciones en la DIAN, para luego “quemarlas por inservibles” en los hornos paneleros de sus amigos. Trabajar por una región requiere compromiso y responsabilidad colectiva, no sabotear las oportunidades de desarrollo de la ciudadanía por enfrentamientos políticos que no son culpa de la gente. Un ejemplo claro de esta miopía política es lo que ocurre con las obras de pavimentación entre Mogotes, San Joaquín y Onzaga. En lugar de apoyarlas y garantizar su ejecución, algunos las quieren destruir a punta de presiones indebidas y titulares irresponsables, como si el progreso fuera algo que les incomoda.

Un puente que no da más espera

El contrato firmado por la Gobernación de Santander durante el periodo del exgobernador Mauricio Aguilar representa un logro importante para la provincia de Guanentá: la posibilidad de conectar tres de sus municipios por una vía decente con dos departamentos. Sin embargo, este contrato trae consigo un problema que ha pasado desapercibido tanto para los dirigentes como para los ciudadanos: los recursos asignados no sólo están destinados a la pavimentación, sino también al mantenimiento de la vía. Esto significa que, cada vez que ocurran derrumbes u otras afectaciones viales, los fondos originalmente planeados para pavimentar kilómetros se irán diluyendo, comprometiendo el alcance del proyecto desde sus bases. En este contexto, surge como una necesidad ineludible la construcción urgente del puente sobre la falla de La Leona. De nada servirá para Onzaga tener una vía pavimentada que conecte con Mogotes y San Gil si ni siquiera pueden cruzar la primera quebrada a las afueras del pueblo. Este puente no puede seguir siendo un pendiente eterno; debe ser una prioridad inmediata. Para lograrlo, la bancada parlamentaria debe, al menos por esta vez, actuar como un bloque unido y exigir al INVIAS que reconozca la urgencia de esta obra, tal como lo han venido reclamando alcaldes y pobladores de la región. Es imperativo que se garanticen los recursos necesarios para su ejecución, pues el progreso de Santander no puede seguir siendo víctima de la indiferencia ni de la falta de visión política, justo en el momento en que más se necesita. El consorcio contratista Conexiones Viales de Santander, a pesar de las críticas recibidas desde ciertas instituciones y la percepción, quizás equivocada, de algunos sectores de la comunidad, ha cumplido con sus obligaciones contractuales dentro del marco legal definido por el INVIAS y la Gobernación. Estas condiciones, lamentablemente poco divulgadas, deben ser expuestas con mayor claridad para que la región no caiga en engaños ni se permita que la obra sea utilizada como herramienta de proselitismo político. Queda un año para demostrar resultados, y lo mínimo que pueden hacer los congresistas por Santander es honrar este compromiso con la región y sus habitantes.