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Ejecución de recursos invertidos por la Agencia de Desarrollo Rural están a punto de perderse: son $134 mil millones

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Resumen

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Al mes de agosto de 2023, sólo se había comprometido el 5,6% de los recursos presupuestales asignados para esta vigencia al proyecto Fortalecimiento a la Prestación del Servicio Público de Extensión Agropecuario. El Fondo Nacional de Extensión Agropecuaria se establecido en el año 2020, este no ha sido reglamentado y continua sin operación. En muchos casos, la extensión agropecuaria llega tarde, es intermitente y poco oportuna. Los municipios más pequeños del país, los de quinta y sexta categoría, son los que más necesitan la extensión agropecuaria y quienes menos la reciben.

¿Cómo se está dando la transferencia de tecnología, innovación y buenas prácticas a los pequeños productores rurales del país?

Mediante un estudio sectorial, la Contraloría General de la República evaluó el funcionamiento del nuevo modelo de extensión agropecuaria, creado en el Gobierno anterior bajo la Ley 1876 de 2017.

Esta ley creó el denominado “Servicio Público de Extensión Agropecuaria”, que dejó atrás el modelo de asistencia técnica agropecuaria a los productores rurales, para aplicar un enfoque más integral y que, en el actual Gobierno, busca impulsar la producción nacional de alimentos.

Con la extensión agropecuaria se pueden tener logros como la producción de nuevas semillas y la puesta en marcha de procesos que optimicen el uso de la tierra, maquinaria e insumos agrícolas por parte de los productores rurales.

La Contraloría General de la República realizó un estudio sectorial sobre el proceso de implementación y funcionamiento de este Servicio Público de Extensión Agropecuaria, determinando que transcurridos seis años este nuevo modelo aún no se ha llevado a la práctica en su totalidad.

Es tal situación que, al mes de agosto de 2023, sólo había comprometido el 5,6% de los recursos presupuestales asignados para esta vigencia al proyecto denominado “Fortalecimiento a la Prestación del Servicio Público de Extensión Agropecuario”, lo cual para el organismo de control genera un alto riesgo de pérdida de apropiación sin precedentes y el aplazamiento de la atención de necesidades que presentan los Productores de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria ACFC.

Desde enero de 2019 hasta julio de 2023, la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) había ejecutado $108.201 millones de pesos corrientes de este proyecto para el fortalecimiento del Servicio de Extensión Agropecuaria.

Inoportuna implementación

El estudio, elaborado por la Dirección de Estudios Sectoriales de la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario, estableció que la reglamentación e implementación del servicio de extensión agropecuaria y del Fondo Nacional de Extensión Agropecuaria no ha sido oportuna y es así como algunas disposiciones, a las que la Ley 1876 de 2017 le puso término de seis meses para su desarrollo regulatorio, han tenido que esperar hasta cinco años para su reglamentación. Esta falta de desarrollo normativo impacta en la presentación de proyectos de extensión agropecuaria a los municipios por parte de los usuarios o productores.

El Fondo Nacional de Extensión Agropecuaria está creado desde el año 2020, pero aún no ha sido reglamentado y tampoco ha entrado en operación, lo que imposibilita la utilización por parte de los entes territoriales para financiar sus programas de asistencia técnica agropecuaria.

También se evidencian deficiencias en la coordinación entre las entidades a diferente nivel territorial (Nación, Departamentos, Distritos y Municipios), quedando la mayor responsabilidad de la implementación de la extensión agropecuaria en estos últimos, en cuya cabeza está el servicio de asistencia técnica.

De los requerimientos hechos por la CGR a las Gobernaciones se determinó que no tienen mecanismos para coordinar acciones en materia de extensión agropecuaria, tanto con los municipios como con las entidades del gobierno central, lo que hace que el uso de los recursos públicos en estos programas no tenga impacto para mejorar las condiciones de vida de la población agropecuaria más vulnerable.

Se observa también que los productores agropecuarios con tamaño de las Unidades de Producción Agropecuaria (UPA) menores a 10 hectáreas se concentran en los municipios de categoría 5 y 6, siendo estos entes territoriales los que tienen menores ingresos corrientes de libre destinación para financiar el aparato operativo y la inversión directa en la contratación de personal calificado para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos de extensión agropecuaria.

Según la Contraloría, la extensión agropecuaria está llegando a destiempo, en forma inoportuna. Por mencionar un ejemplo, si una cosecha entra en julio y la asistencia agropecuaria está para noviembre, no tiene sentido hacerla en ese momento. O, también, se contrata la extensión agropecuaria para dar una charla mensual y eso es todo. No es una formación constante.

Se profundizan brechas entre municipios fuertes y débiles

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural calculó la tarifa para la prestación del servicio de extensión agropecuaria para el 2023 en $868.957,44 por usuario atendido en territorio. Con la meta de atención de 154.350 usuarios (como se proyecta en el Documento Técnico del Proyecto de Inversión de la Agencia de Desarrollo Rural -ADR) se requerirían $134.123.580.864,00; sin embargo, al momento en que concluyó este estudio de la CGR no estaba definido el esquema de cofinanciación que permita anticipar cuánto sería el aporte de la Nación y de las entidades territoriales, así como el subsidio diferencial que se otorgue.

Adicionalmente, los municipios de categoría 6 concentran el 77,9% del total de la población acumulada con educación hasta básica primaria. Esta proporción de la población es mano de obra no calificada, lo que constituye una barrera para la adopción de nuevos conocimientos para impulsar la innovación en el sector.

Así mismo, el 82,7 % de las Unidades de Protección Agropecuaria (UPA) se concentran en esta categoría de municipio.

Por otra parte, el servicio de asistencia técnica que ofrece la ADR no se diferencia entre capacidades de los municipios como un factor de focalización en la asignación de recursos y de acuerdo con el Nuevo Índice de Desempeño Fiscal, esto puede conllevar a que se profundicen las brechas entre los municipios fuertes (solventes y sostenibles) y los más débiles (vulnerables, en riesgo o deterioro) y que los de mayores capacidades sean los más favorecidos.

Una característica que evidenció la CGR al requerir información a los departamentos fue la deficiencia en el desarrollo de sistemas de información adecuados para la captura de datos y la generación de información que sirva para coordinar, hacer seguimiento y evaluación a la ejecución de los Planes Departamentales de Extensión Agropecuaria (PDEA).

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