¡El colmo! justicia ordena devolver isla baldía a empresario que la explotó irregularmente por años pagando apenas $280.000

En una decisión que ha desatado fuertes cuestionamientos, un fallo judicial ordenó devolver el predio conocido como “Isla Fiesta”, un baldío de la nación ubicado en el archipiélago de Islas del Rosario, al empresario Andrés Jorge Lisocky Fryde, quien durante años lo ocupó y explotó en condiciones que hoy son objeto de controversia.

La medida, emitida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, revocó una decisión previa y ordenó a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) restituir el terreno en un plazo de 48 horas, al considerar vulnerado el derecho al debido proceso del empresario. Sin embargo, el fallo ha generado indignación al conocerse el historial de ocupación irregular y los valores irrisorios que se pagaban por el uso del predio.

Según registros oficiales, Isla Fiesta, un terreno baldío de aproximadamente 600 metros cuadrados, fue ocupada indebidamente por Lisocky Fryde entre 2002 y 2006, situación que quedó consignada en resoluciones del entonces Estado colombiano. A pesar de ello, posteriormente se le otorgaron contratos de arrendamiento que se extendieron, con interrupciones, hasta diciembre de 2023.

Lo que hoy genera mayor controversia es el valor de esos contratos: durante años, el empresario pagó cánones mensuales que rondaban los $220.000 y que actualmente apenas llegan a unos $280.000, cifras que contrastan de manera abismal con la realidad turística del sector, donde una sola noche puede superar el millón de pesos.

Tras el vencimiento del último contrato, el empresario no devolvió el predio y continuó explotándolo sin autorización, lo que motivó a la ANT a recuperarlo el 27 de enero de 2026 con apoyo de la fuerza pública.

La decisión judicial que desató la polémica

Pese a estos antecedentes, el tribunal decidió amparar el debido proceso del empresario y ordenó devolverle el terreno. La decisión ha sido leída por distintos sectores como un golpe a los esfuerzos del Estado por recuperar bienes públicos que han permanecido en manos privadas bajo condiciones altamente favorables.

La ANT, por su parte, respondió interponiendo una nueva acción judicial para defender la administración de los baldíos y advirtió que este tipo de fallos podría sentar un precedente peligroso en la protección del patrimonio público.

El caso ha reabierto el debate sobre los contratos históricos en zonas como el archipiélago, donde, según la propia entidad, empresarios e influyentes habrían accedido a bienes públicos pagando arriendos simbólicos durante años, mientras el valor real del mercado turístico se disparaba.

La controversia no solo pone en tela de juicio la decisión judicial, sino también un modelo de administración que permitió que verdaderos “paraísos” del Caribe colombiano fueran utilizados como activos privados a precios que hoy resultan difíciles de justificar.

En medio del pulso jurídico, la pregunta que queda flotando como brisa salada sobre el Caribe es incómoda: ¿puede el Estado recuperar lo que es de todos, o seguirá cediendo terreno frente a quienes aprendieron a sacar provecho de lo público?