El derecho a no votar

Creo que he ahondado en varias ocasiones sobre la importancia que tiene para mí votar. En la historia de Colombia, el derecho al voto ha sido limitado de múltiples formas: antes del siglo XIX solo era permitido para los hombres blancos con propiedades; durante el Frente Nacional se cerraron espacios políticos para partidos distintos al liberal y al conservador; durante el gobierno de Rojas Pinilla no se realizaron elecciones; y permanentemente, en varios territorios del país, los grupos armados impiden votar e incluso obligan a hacerlo por su candidato, sea de derecha o de izquierda.

Este escenario no es nuevo en Colombia, pero justamente para prevenirlo existen tratados internacionales: la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969). Limitar el derecho al voto es una vulneración de los derechos humanos, y nunca había ocurrido de una forma tan descarada.

Los colombianos en el exterior históricamente han votado por la derecha y la centroderecha. A partir de 2010, estos ciudadanos pueden elegir curul en el Congreso por circunscripción internacional; el único período en que la izquierda obtuvo ese escaño fue el 2022-2026. En estas últimas elecciones fue elegida una representante del Centro Democrático, y el 68 % de la votación fue de derecha frente al 22 % de izquierda. La realidad es clara: los colombianos en el exterior gravitan hacia candidatos de derecha.

En los consulados se vota durante una semana. La Ley 1465 de 2011 establece que las votaciones deben tener en cuenta los desplazamientos de los connacionales, y dado que en muchos países no es posible habilitar varios puestos, la concentración de votantes por puesto supera con creces la de una elección ordinaria. A eso se suma que muchos colombianos deben viajar horas porque no residen en una ciudad con consulado. Aun así, habitualmente solo vota el 17 % de los habilitados. Los 1.414.661 ciudadanos habilitados en el exterior están distribuidos en 67 países; los dos con mayor número de inscritos son Estados Unidos, con 454.262, y España, con 307.996. Un dato que no puede pasarse por alto: entre las elecciones al Congreso en marzo y las presidenciales en mayo, el censo exterior creció de 1.250.846 a 1.414.661 habilitados, unas 164.000 personas en apenas dos meses.

¿Qué está pasando? Colombianos en el exterior están denunciando filas y retrasos en los consulados de Houston, Miami, Atlanta, Washington, Orlando, Londres, Valencia, Barcelona, Toronto y Buenos Aires. En Estados Unidos la excusa fue el Memorial Day: al ser festivo, muchas personas viajaron justamente para votar y eso desbordó la logística. Pero la excusa no se sostiene. Desde 2022 el censo exterior creció un 45 % y desde hace meses se sabía que el primer día de votaciones caería en ese festivo. Aun así, se instalaron apenas 684 mesas en 57 puestos para atender a 454.262 habilitados: más de 660 votantes por mesa.

Los consulados los maneja siempre el gobierno de turno, que decide quién los dirige. Dicho eso, es perfectamente válido sospechar de un “plan tortuga” para desincentivar el voto en el exterior, y la sospecha se vuelve más difícil de ignorar cuando recordamos quién vota afuera: mayoritariamente, la derecha. El “gobierno del cambio”, el que proclama defender los derechos humanos a toda hora, ¿está saboteando el ejercicio del voto? Si los retrasos hubieran ocurrido en uno o dos consulados podría ser un tropiezo. Pero en Houston, Miami, Londres y Barcelona al mismo tiempo no es un tropiezo: es una decisión.

Los números no mienten, las excusas sí. Cuando un gobierno que llegó al poder prometiendo defender los derechos humanos termina siendo el que los vulnera, no estamos ante un error de logística: estamos ante una decisión política. Y las decisiones políticas tienen responsables. Así que salgan a votar, aunque les pongan trabas, aunque toque madrugar, aunque toque viajar. Precisamente por eso.