El desafío del desarrollo en Bucaramanga y Santander

Entre el control político y la parálisis de infraestructura. El desarrollo de obras estructurales en Santander es una demanda constante y urgente de la ciudadanía. Sin embargo, en la opinión pública existe una percepción de que los proyectos estratégicos avanzan a un ritmo frustrante. Las miradas suelen dirigirse hacia el Concejo de Bucaramanga y la Asamblea Departamental, bajo la sensación de que estas corporaciones "no dejan avanzar" las iniciativas por estar inmersas en disputas y en la defensa de agendas políticas. Esta situación, responde a dinámicas estructurales del sistema político que transforman el debate democrático en lo que a menudo se percibe como un estancamiento institucional.

1. Fragmentación política y la dificultad para crear consensos En las últimas décadas, el mapa político se ha diversificado. En la actualidad, ni en el Concejo ni en la Asamblea suele existir un partido político hegemónico con mayorías absolutas consolidadas. Esta pluralidad exige una altísima capacidad de negociación por parte del Alcalde y del Gobernador. Cuando el ejecutivo no logra articular una coalición de gobierno sólida, cada proyecto de infraestructura, adición presupuestal o endeudamiento se convierte en un campo de batalla legislativo. La falta de consenso hace que los proyectos se estanquen en interminables debates, por el choque de múltiples intereses sectoriales y políticos que compiten en un mismo escenario.

2. El choque entre los ciclos electorales y las obras a largo plazo Las grandes obras que requiere la región exigen una planificación y ejecución que superan los cuatro años de un periodo de gobierno. No obstante, las agendas de los políticos suelen estar dictadas por el corto plazo y los cálculos de las próximas elecciones. En este contexto, aprobar un megaproyecto propuesto por el mandatario de turno puede ser visto por las bancadas de oposición como "entregarle un triunfo" político a un rival. Esto genera un incentivo perverso: el debate técnico se subordina a la supervivencia política, donde desgastar al adversario o frenar sus iniciativas resulta estratégicamente más rentable que viabilizar una obra a largo plazo.

3. La delgada línea entre el control político y la obstrucción La función constitucional de los concejales y diputados es ejercer el control político y proteger los recursos públicos. Frente al historial de sobrecostos o elefantes blancos en el país, es su deber cuestionar los proyectos, exigir estudios técnicos rigurosos y debatir la viabilidad financiera de cada obra. El problema surge cuando esta herramienta legítima se desdibuja y se politiza en exceso. Los debates en la región a menudo se cargan de polarización, retórica y ataques personales, desplazando el análisis estrictamente técnico. Para la ciudadanía, estas sesiones se perciben como "peleas" estériles que dilatan las decisiones administrativas necesarias para abrir licitaciones.

4. La ausencia de una visión de "Política de Estado" A nivel regional, Bucaramanga y Santander sufren por la falta de un acuerdo fundamental: proyectos que sean apropiados por todas las fuerzas políticas como vitales, independientemente de quién ostente el poder. La discontinuidad hace que lo que una asamblea o concejo impulsa en un cuatrienio, sea frenado por la siguiente administración debido a simples diferencias ideológicas.

La frustración ciudadana tiene raíces en una dinámica real: un sistema político fragmentado donde los tiempos electorales chocan directamente con los tiempos que exige la ingeniería y la infraestructura. Superar esta parálisis requiere una madurez institucional. Mientras el rigor técnico de los proyectos siga condicionado a la pugna política de corto plazo, las obras estructurales que necesita la región seguirán estancadas en los escritorios, muy lejos de convertirse en una realidad para los santandereanos.  *Diego Sáenz Reyes