El drama de la finca Puerto Rico ante una encrucijada institucional
La finca Puerto Rico enfrenta un conflicto por medidas judiciales y administrativas que, según sus dueños, derivó en la pérdida del control del predio tras años de inversión.
La finca Puerto Rico enfrenta un conflicto por medidas judiciales y administrativas que, según sus dueños, derivó en la pérdida del control del predio tras años de inversión.
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El contexto histórico y los antecedentes serán generados a partir del archivo periodístico de El Frente.
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Esta es la crónica en torno a un proyecto agroindustrial que, de acuerdo con la denuncia de sus propietarios, se encuentra atrapado en los complejos laberintos de la burocracia estatal y la justicia transicional colombiana.
A través del relato del economista Luis Eduardo Vargas Beltrán y sus socios, se reconstruye el drama que hoy rodea a la finca "PUERTO RICO", de la vereda La Arruga, corregimiento de Yarima, en San Vicente de Chucurí. Tras catorce años de deudas, créditos y sudor, los afectados afirman estar viviendo lo que consideran un desalojo definitivo bajo la figura de enajenación temprana.
El antecedente: Un proceso de restitución con fallo favorable
Según la cronología del caso, tras la firma de escrituras en diciembre de 2011, y en pleno desarrollo de la tierra, se notificó un proceso de restitución promovido, aparentemente, por antiguos dueños.
Según el relato, en primera instancia la justicia falló a favor de los palmicultores, al argumentarse que una propietaria anterior —donde radicaba, aparentemente, el núcleo del problema inicial—adquirió el terreno de forma legítima a sus 24 años con recursos lícitos de una indemnización empresarial por el deceso de su cónyuge durante una jornada laboral.
Sin embargo, la estabilidad del proceso se truncó en agosto de 2020, cuando el predio fue afectado por medidas cautelares de embargo dentro de un incidente penal derivado de un macroproceso en la justicia transicional contra un exjefe paramilitar que operó en la región.
Según la investigación, el procesado habría sostenido un vínculo amoroso con la anterior dueña del inmueble. Sobre esto, los denunciantes enfatizan que la ausencia absoluta de ese nombre en las anotaciones y en el certificado de libertad y tradición del inmueble fue, precisamente, lo que respaldó su compra de buena fe.
Este limbo legal detonó que, casi dos años después, la presión administrativa se trasladara al terreno, obligando a los palmicultores a tomar una decisión desesperada.
El "error" del arrendamiento
En julio de 2022, ante el anuncio de lo que los afectados consideraron una inminente orden de desalojo material, los socios firmaron un contrato de arrendamiento con el Fondo para la Reparación de las Víctimas (FRV) con el fin de conservar el control del predio.
Según el testimonio de Luis Eduardo Vargas Beltrán, funcionarios de la entidad se habrían presentado en el lugar advirtiendo sobre la toma inmediata del terreno, lo que obligó a los socios a aceptar la figura de arriendo como un mecanismo de supervivencia extrema para salvaguardar una inversión de catorce años sostenida con sus propios salarios.
Con una inversión de catorce años y cerca de 25 millones de pesos por hectárea en juego —sostenida directamente de sus salarios—, los socios se vieron contra las cuerdas. "En vista que teníamos todo perdido, pues que nos la dejaran a nosotros como secuestres y en un arriendo, pues era ganancia, porque podíamos seguir manejando la finca", explica Vargas Beltrán, justificando que aceptaron pagar por su propio terreno como un mecanismo de supervivencia extrema.
La denuncia de “enajenación temprana”
La situación habría pasado de la presión administrativa al despojo material mediante la polémica figura de la enajenación temprana. A través del Decreto 174 de 2026, el FRV transfirió definitivamente el dominio del predio a la ANT, argumentando decretos de emergencia que, según los afectados, no aplican geográficamente a Santander.
Según el relato, Ricardo Romero se apersonó en el terreno para ejecutar la toma física. Romero habría ignorado que la empresa mantenía el cultivo en plena producción técnica, despachando cosechas cada quince días. Al ser cuestionado por el impacto sobre la inversión de catorce años, el funcionario habría desestimado el valor del complejo afirmando: "Eso es una nimiedad".
Además, un ingeniero agrónomo de la cooperativa Copacol, enviado por los propietarios para auditar el cultivo, fue supuestamente expulsado arbitrariamente de las instalaciones. Hoy, Vargas Beltrán y sus socios denuncian que siguen esperando la prometida "caracterización agroeconómica" de Romero, mientras el fruto de su trabajo permanece bloqueado.
Atropello al debido proceso y sombras políticas
El presunto procedimiento también es cuestionado en el plano constitucional. Los afectados afirman que le advirtieron insistentemente que en la finca habitaba una niña menor de edad, situación que obliga legalmente a contar con el acompañamiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Sostienen que la advertencia fue pasada por alto, configurando una abierta violación al debido proceso.
A esto se suma, según Vargas Beltrán, un control territorial que mantiene en vilo la zona. El día de la diligencia se presentaron unas 50 personas de una supuesta asociación campesina de San Vicente de Chucurí. Desde entonces, se registra el ingreso diario de grupos rotativos de esta comunidad de seis de la mañana a la tarde, quienes habrían expulsado al ingeniero de Copacol.
La sala de redacción de El Frente mantiene abiertos sus canales de comunicación y queda a disposición de la Agencia Nacional de Tierras y Fondo para la Reparación de las Víctimas, con el fin de recibir sus declaraciones o aclaraciones frente a los hechos.
