El salario como arma política

Hay algo profundamente preocupante en la forma como el Gobierno colombiano ha decidido entrar en combate con el Banco de la República. No es el desacuerdo en sí, ese es legítimo y hasta necesario en democracia, sino la herramienta elegida para presionar, El salario mínimo de millones de trabajadores. El presidente Petro ha advertido que, si la Junta Directiva del emisor vuelve a subir las tasas de interés, el Gobierno convocará una nueva Comisión de Concertación para decretar un nuevo aumento salarial. La amenaza parece generosa. En el fondo, es una trampa.

Por: Felipe Rodríguez Espinel

Para entender el problema, hay que revisar los números con honestidad. A marzo de 2026, la inflación en Colombia llegó casi el doble de la meta fijada por el Banco de la República. Este, ya había subido la tasa de interés en su reunión de marzo, precisamente porque el alza extraordinaria del salario mínimo para 2026, comenzó a trasladarse a los precios de la canasta familiar. La lógica es directa, cuando los costos laborales suben más de lo que crece la productividad, los empresarios trasladan esa diferencia al precio de lo que venden. Quien paga, al final, es el consumidor.

Por cada punto porcentual que el salario mínimo sube por encima de la inflación, el costo de vida de todos los colombianos crece. No es un dato abstracto. Se siente en la tienda del barrio, en el pasaje del bus, en la factura del arriendo. Y si el Gobierno decreta un segundo aumento este año algo que además sería jurídicamente cuestionable, como lo advirtió el Consejo de Estado, ese ciclo se repetiría con más fuerza. Más salario nominal, más inflación, más alza de tasas por parte del Banrep, más costo del crédito, menos crecimiento. Un círculo vicioso que no beneficia a los más pobres los destruye.

El argumento del Gobierno es que el banco central actúa en favor del sector financiero y en contra de los trabajadores. Es una narrativa políticamente efectiva, pero económicamente frágil. Hay además una dimensión que pocas veces se menciona, el empleo. Cuatro años consecutivos de aumentos salariales por encima de la inflación y la productividad han dejado resultados concretos y negativos. La informalidad no ha bajado.

La no participación laboral ha subido. Las pequeñas empresas, que emplean a la mayoría de los colombianos, enfrentan nóminas que las empujan a contratar menos o a no contratar en el registro formal. El trabajador que el Gobierno dice proteger con cada decreto salarial es, con frecuencia, el mismo que termina sin contrato, sin prestaciones y sin seguridad social.

Lo que necesitamos en este instante no es más confrontación institucional ni más señales de que las reglas de juego se doblan según la temperatura política del momento. Cuando el salario mínimo deja de ser una herramienta de política laboral y se convierte en una ficha de negociación política, pierden todos. Y los que pierden más, como siempre, son los que menos tienen.