Resumen
La Fiscalía investiga corrupción en contratos de emergencia, implicando a congresistas y altos funcionarios, incluido el senador Iván Name, en la obtención de sobornos y gestiones ilegales.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
La corrupción en el gobierno sigue siendo el pecado del senador Iván Name
Comenzaron las extras que el Gobierno convocó exclusivamente en la Cámara de Representantes para discutir y aprobar en segundo debate la reforma a la salud. El momento en el que se llega a esta discusión añade ingredientes especiales. Han cerrado numerosos hospitales en Antioquia y en otros lugares del país. Los diferentes actores, entre ellos, los hospitales, clínicas y las EPS, comienzan a hacer los cálculos de cierre financiero de año, lo que además permite las proyecciones a futuro.
La ponencia para el segundo debate consta de 62 artículos y busca transformar el sistema de salud. Con la aprobación de la ponencia positiva, el Gobierno y los ponentes se proponen lograr que la plenaria apruebe en dos días los 62 artículos de la reforma a la salud. A pesar de que la oposición y sectores independientes han señalado una y otra vez que el tiempo no es suficiente, para el Gobierno la discusión de esta reforma se ha dado durante los últimos meses y es suficiente para tomar una decisión final.
Por medio del direccionamiento irregular de contratos de esa entidad pública, los cinco implicados buscaban apropiarse de recursos públicos para llevarlos a sus bolsillos y a los de terceros. En el caso específico de Sneyder Pinilla, este habría liderado los procesos contractuales relacionados con la adquisición de ‘Asistencia Humanitaria de Emergencia (AHE) para atender emergencias nacionales y calamidades públicas. Según la investigación, el exfuncionario habría gestionado un contrato de $100.000 millones liberados de un convenio entre el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo y la Agencia Nacional de Tierras para favorecer a empresas previamente seleccionadas y direccionar contratos a cambio de coimas.
También habría suscrito recibos de bienes y servicios no entregados, para que la Fiduprevisora desembolsara los pagos sin cumplir los contratos. Le puede interesar: Por no aceptar crímenes de guerra, JEP remite proceso contra Mario Montoya a UIA Con sus declaraciones y las de López, el exfuncionario también ha salpicado a congresistas y personas del alto gobierno en el entramado de corrupción. Él habría participado en la entrega de sobornos a los expresidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle. También la Fiscalía argumenta que él habría gestionado un préstamo de $4.000 millones con Pedro Castro “quien recibió intereses mensuales del 2.3%. El dinero fue entregado en tres cuotas y cancelado en enero de 2024″. Además, habría recibido $5.050 millones en efectivo a través de un contratista jurídico de la Ungrd, llamado Juan Camilo Llanos, que corresponderían las coimas enviadas por el contratista Luis Eduardo López Rosero. Sandra Ortiz, exconsejera presidencial, fue enviada a la cárcel por la entrega de sobornos a los presidentes del Senado y la Cámara
