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En el limbo mandato de alcaldes

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Por: Jorge E. Solís
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Resumen

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El año que finaliza, 2024, inició con la elección de 1.102 alcaldes y 32 gobernadores en Colombia, para el periodo 2024 – 2027. Sus detractores, adversarios perdedores, iniciaron una oleada de demandas para anular la elección desde el momento que se posesionaron, a fin de desbancarlos y generar las mal llamadas nuevas ‘elecciones atípicas’, buscando una nueva oportunidad para ser elegidos. Pero, ¿de quién es la culpa?, del Consejo Nacional Electoral -CNE-, por no tener políticas claras en la participación de los candidatos o de los politiqueros de oficio, que siempre demandan cuando los resultados son contrarios a sus intereses.

Si hacemos referencia a los alcaldes, que son los más apetecidos para este tipo de demandas, centradas básicamente en la trashumancia electoral y la más común, la que llaman ‘el fantasma’ de la doble militancia, tan solo en Santander, a un año de ejercer sus mandatos, el alcalde de Oiba, Elkin Reyes Plata, el Consejo de Estado anuló su elección al incurrir en trashumancia electoral y violación de los topes electorales, por lo que habrá elecciones atípicas.  El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, nombrará al alcalde encargado.

También está en curso las demandas contra los alcaldes de Piedecuesta, Óscar Javier Santos, quien ya fue anunciado de la demanda del Tribunal Administrativo de Santander, y en firme están los fallos en primera instancia anulando su elección del alcalde de Girón, Campo Elías Ramírez y del alcalde de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán, acusados de doble militancia. En cada caso se esperan los criterios técnicos que definen o no la autenticidad de las pruebas allegadas, tanto en videos como evidencias digitales. Se argumenta que Beltrán apoyó a concejales que no eran de su partido ni del movimiento Colombia Justa Libres.

Lo increíble de esta parafernalia política, es que ninguno de los elegidos está seguro en su cargo, pues sus detractores siempre buscarán, con razón o sin ella, argumentos para anular su elección. El Consejo Nacional Electoral -CNE- dentro de su misión está: “Regular, inspeccionar, vigilar toda la actividad electoral, en condiciones de plenas garantías. . .”. Entonces, ¿por qué no se reglamenta o se crea una ley para que el elegido sea investigado, por lo menos con un mes de anticipación a su posesión y si es el caso se anule su elección, de lo contrario se le permita ejercer su cargo sin contratiempo alguno dentro de un marco legal?

Con este sistema electoral, siempre vamos a estar en elecciones atípicas, pues se calcula que en este caso son más de 400 los alcaldes electos demandados y cualquiera que sea el porcentaje de nulidad, son cuantiosas las cifras económicas que se dilapidan en nuevas elecciones, y ¿quién paga los platos rotos?, el pueblo, entonces ¿a qué estamos jugando? Nuestra posición, -no posesión- está encaminada a que el ente competente en elecciones, dinamice y garantice el mandato de los elegidos en franca lid, cualquiera que sea su color político; sin entrar en detalles, otra forma de acabar con la corrupción.

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