La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el concejal del municipio de Contratación, Santander, Cesar Ovidio Velásquez Guzmán, dentro de una investigación disciplinaria que busca establecer si ocupó de manera irregular la presidencia del Concejo Municipal durante dos periodos consecutivos, en posible contravía de las normas que regulan el funcionamiento de estas corporaciones públicas.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

La actuación fue adoptada por la Procuraduría Provincial de San Gil, que adelanta las averiguaciones para determinar si el cabildante ejerció como presidente del Concejo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023 y posteriormente fue reelegido para desempeñar el mismo cargo durante todo el año 2024, situación que, de comprobarse, podría constituir una vulneración al reglamento interno de la corporación.

De acuerdo con el organismo de control, el proceso disciplinario pretende establecer si Velásquez Guzmán se extralimitó en el ejercicio de sus funciones al aceptar una nueva elección para la presidencia del Concejo, pese a las restricciones previstas en la normatividad que regula la organización y funcionamiento de estas corporaciones administrativas.

La Procuraduría calificó de manera provisional la conducta investigada como **falta grave cometida a título de culpa gravísima**, una valoración inicial que hace parte de la etapa de formulación de cargos y que no constituye una decisión definitiva sobre la responsabilidad disciplinaria del concejal. Durante el trámite del proceso, el investigado tendrá la oportunidad de presentar pruebas y ejercer plenamente su derecho a la defensa.

La presidencia de los concejos municipales es un cargo de dirección administrativa que se elige anualmente entre los integrantes de la corporación. Tanto la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de 2012, como los reglamentos internos de los concejos establecen mecanismos orientados a garantizar la alternancia en estos cargos directivos y a impedir la permanencia consecutiva de un mismo concejal en la presidencia, con el propósito de asegurar la pluralidad y el equilibrio institucional en la conducción de las corporaciones.

Precisamente, la investigación disciplinaria busca establecer si la elección de Velásquez Guzmán para un segundo periodo consecutivo desconoció esas disposiciones reglamentarias y si dicha actuación comprometió los principios de legalidad y transparencia que deben regir el funcionamiento de los concejos municipales.

Con la formulación del pliego de cargos, el expediente entra en una fase en la que la Procuraduría evaluará el material probatorio y los argumentos que presente el concejal antes de adoptar una decisión de fondo.

La apertura de esta etapa no implica una sanción automática ni constituye un fallo definitivo, sino el inicio formal del juicio disciplinario mediante el cual el Ministerio Público determinará si existió o no responsabilidad por los hechos investigados.