Entre la democracia participativa y el costo fiscal

Por: Felipe Rodríguez Espinel

En un contexto de creciente polarización política y estancamiento legislativo, la propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar a una consulta popular para impulsar sus reformas sociales ha generado un intenso debate nacional. Esta iniciativa, se constituiría en la primera consulta popular a nivel nacional en la historia de Colombia.

Desde la perspectiva económica, el panorama resulta preocupante, pues el costo directo de la consulta oscilaría entre 400.000 y 500.000 millones de pesos, cifra considerable en un momento en que Colombia enfrenta serias dificultades fiscales. El Ministerio de Hacienda ha señalado repetidamente la necesidad de contener el gasto público, mientras que la reciente revisión a la baja de la calificación crediticia por parte de Fitch Ratings evidencia la fragilidad de nuestras finanzas públicas.

Más allá de estos costos directos, existen lo que podríamos denominar costos invisibles con implicaciones potencialmente más graves. La incertidumbre regulatoria que genera este tipo de procesos suele provocar una contracción en la inversión privada, tanto nacional como extranjera. La estabilidad normativa constituye un factor determinante para la atracción de capitales, especialmente en economías emergentes.

Adicionalmente, las reformas que se someterían a consulta, particularmente la laboral, podrían incrementar significativamente los costos operativos para las empresas. con un posible aumento del 11,9% en costos laborales para las MiPymes, sector que genera más del 80% del empleo en Colombia. Esta carga adicional, en un momento de desaceleración económica, podría comprometer seriamente la recuperación del mercado laboral, que ya muestra signos de debilidad con una tasa de desempleo que se mantiene por encima del 10%.

Desde la óptica política, debemos reconocer que la consulta popular representa un mecanismo legítimo de participación ciudadana contemplado en nuestra Constitución. La cual faculta expresamente al presidente para «consultar al pueblo decisiones de trascendencia nacional», previo concepto del Senado.

Sin embargo, cabe preguntarse si este instrumento está siendo utilizado para su propósito original, acercar las decisiones fundamentales a la ciudadanía o como estrategia de presión política frente a un Congreso que ha mostrado resistencia a las iniciativas gubernamentales. La democracia participativa no debería instrumentalizarse como mecanismo para sortear los controles institucionales propios del sistema de pesos y contrapesos.

La historia reciente muestra ejemplos preocupantes donde consultas populares han sido utilizadas para concentrar poder y debilitar la institucionalidad democrática. Los regímenes que erosionan la democracia desde dentro suelen hacerlo apelando a la legitimidad popular mientras socavan gradualmente los contrapesos institucionales.

El país necesita reformas estructurales, eso es indudable. Nuestro sistema de salud, el régimen laboral y el sistema pensional requieren ajustes para responder a las realidades del siglo XXI. Sin embargo, estas transformaciones deben darse mediante un proceso deliberativo que integre diversas visiones y permita construir consensos amplios y sostenibles.

En las actuales circunstancias, la consulta popular propuesta por el presidente Petro parece profundizar la polarización más que facilitar acuerdos. En un país con heridas históricas aún abiertas y una reconciliación pendiente, necesitamos espacios de encuentro y diálogo, no nuevos escenarios de confrontación.