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Entre la tragedia nacional y la eficacia institucional

El texto destaca la solidaridad con los damnificados por el sismo y resalta la gestión inmediata del nuevo gobierno frente a emergencias y seguridad.

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 Quiero aprovechar este espacio para agradecer a cada uno de los colombianos que han dado de lo que tienen para solidarizarse con los damnificados por el sismo del pasado 10 de agosto. Este fuerte temblor no solo dejó afectaciones físicas, daños estructurales y el colapso de edificaciones, viviendas y vías; sino que también causó un impacto inmaterial pero profundamente doloroso: arrebató el sueño, la tranquilidad y la estabilidad de muchas familias, acabó con vidas que hoy tienen a sus seres queridos en luto, y dejó una cifra considerable de desaparecidos que mantiene a sus allegados en una constante e insoportable zozobra.

No obstante, este panorama desolador se ha visto recompensado por la inmensa ola de solidaridad: toneladas de ayuda humanitaria aportadas para mitigar las necesidades inmediatas, las múltiples iniciativas de ciudadanos que por cuenta propia han llevado suministros a regiones tan golpeadas como el Chocó, y la excelente gestión liderada por la primera dama, en conjunto con la esposa del vicepresidente, para articular el apoyo del sector empresarial frente a la emergencia.

Sin embargo, hoy quisiera abordar un tema que me tiene gratamente sorprendida. Aunque confiaba en que el nuevo gobierno haría las cosas bien, no deja de admirarme su capacidad de gestión en un margen de tiempo tan reducido. Al momento de redactar esta columna, apenas han transcurrido 18 días desde que Abelardo de la Espriella asumió la Presidencia del país. En este breve periodo ha evidenciado aquello de lo que tanto se ha de adolecer de la administración pasada: llegar al poder implica asumir con liderazgo inmediato soluciones reales y efectivas para los múltiples problemas de nuestra nación.

Abelardo ha demostrado con hechos tangibles en distintos frentes que es perfectamente viable gobernar desde las regiones, atender emergencias complejas como terremotos e incendios forestales, y al mismo tiempo mantener firme el pulso de la seguridad nacional. En tan solo 18 días ya se reportan la baja de ocho cabecillas de grupos armados ilegales y estructuras criminales, 1.574 capturas, la incautación de 23 toneladas de estupefacientes, la liberación de un secuestrado, realizado10 extradiciones y firmado casi 30, y el traslado estratégico de 423 reclusos a diferentes cárceles de máxima seguridad del país, incluidos los presos reubicados desde los penales de Itagüí y Barranquilla. Todo esto, en menos de tres semanas.

Además, el Ejecutivo no ha pasado por alto la tarea moral de destapar y denunciar los hallazgos de corrupción de la administración saliente, minuciosamente detallados en el “Libro de la Verdad”. Asimismo, cumplió con diligencia el nombramiento de los funcionarios y directivos que integrarán su gabinete en las diferentes carteras y entidades, profesionales alineados con su proyecto de la “Patria Milagro”, a los cuales ya les ha impartido directrices estratégicas y puntuales. Insisto: un despliegue operativo y administrativo sin precedentes en tan solo 18 días.

Esto me confirma que, en la administración pública, que es un engranaje sumamente complejo y abarca múltiples escenarios, sí es posible gestionar con inmediatez, tomar decisiones de primera mano y atender situaciones imprevistas sin descuidar ningún flanco estratégico del país.

El Estado colombiano cuenta con una robusta estructura de 17 ministerios (sin contar el de la Igualdad, que actualmente se encuentra en liquidación), diseñada precisamente para dar respuesta integral y descentralizada a las problemáticas de la nación, abordando con especialización cada sector.

Solo me resta pedirle al nuevo gobierno que, de mantener este ritmo y esta disciplina institucional, tendremos cuatro años no solo para ofrecer soluciones de fondo a gran parte de las dificultades que afrontamos día a día, sino para reivindicar y devolverle la total credibilidad al ejercicio de la administración pública.