Resumen
El gobierno de Colombia otorgará una renta mensual y un capital semilla a miembros activos y retirados de la Fuerza Pública que cumplan ciertos requisitos y se sometan a la Jurisdicción Especial para la Paz. La iniciativa busca apoyar su proceso ante el tribunal de paz.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Iniciativa propuesta por el Gobierno nacional
El Gobierno Nacional anunció, este jueves, que dará una renta básica mensual de cerca de $1 millón y un capital semilla de hasta $8 millones a algunos miembros activos y retirados de la Fuerza Pública que sean comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y que cumplan ciertos requisitos.
La iniciativa, que es liderada y socializada por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) y apoyada por el Gobierno Nacional, busca apoyar y acompañar a esos comparecientes en su proceso ante el tribunal de paz.
La propuesta ya había sido planteada en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), en el que se ampliaron las tareas de la ARN que ya no solo tendrá competencias de inclusión y reincorporación con firmantes del Acuerdo de Paz de 2016, sino de “acompañamiento a miembros activos y retirados de la Fuerza Pública que se encuentren sometidos y cumpliendo” ante la JEP, según dice los artículos 17 y 18 del PND.
Aun no hay cifras
Ante la JEP se han sometido 4.028 miembros de la fuerza pública de Colombia que han cometido crímenes relacionados con el conflicto armado, según cifras de ese tribunal.
La resolución crea un plan de acompañamiento para quienes cumplan una serie de requisitos y obligaciones, varias de ellas derivadas del régimen de condicionalidad que impone la JEP para permanecer dentro de ese tribunal de paz.
El programa aún no tiene cifras sobre cuánto sería el total de beneficiarios, entre otras razones, porque el plan tiene dos componentes: uno enfocado en la justicia restaurativa y otro en los beneficios económicos y sociales. Para cada uno de ellos, los requisitos serán distintos.
Sin embargo, de acuerdo con la ARN, la mayoría de ellos son miembros rasos de la fuerza pública que fueron expulsados del Ejército a razón de crímenes cometidos durante el conflicto armado como las ejecuciones extrajudiciales, también llamados falsos positivos.
Capital semilla y renta básica
La resolución divide los beneficios entre económicos, sociales y otros de tipo restaurativo. Entre los económicos está la entrega de un capital semilla dirigido a miembros retirados y sin asignación de retiro que pertenecieron a la Fuerza Pública que estén en la JEP. El monto, de acuerdo con la resolución, equivale a un monto de hasta 8 millones de pesos “que se entregará por una sola vez, previa disponibilidad presupuestal y estará supeditado al cumplimiento de los requisitos establecidos”.
La destinación de ese dinero puede ser para un proyecto productivo o para reforzar uno que ya esté funcionando, educación superior, la compra de una vivienda o aportes a un crédito hipotecario o la construcción y/o mejoramiento de la misma. También puede ser destinados a fortalecer proyectos que estén a nombre del cónyuge o compañero/a permanente del compareciente o sus hijas o hijos mayores de edad, siempre y cuando “aporte al sustento económico” del compareciente.
La entrega del dinero, que también tiene una serie de requisitos, no se hará directamente al compareciente sino a los proveedores, operadores o entidades financieras, según sea el caso.
Restauración para víctimas
Sobre lo que la resolución denomina como “apoyo al sostenimiento” se establece que será “equivalente al 90% del salario mínimo mensual legal vigente en el momento de su reconocimiento”, es decir, 1,1 millones de pesos aproximadamente “durante 24 meses consecutivos”. Ese pago será solo para esos comparecientes que no tengan un contrato laboral“, legal y reglamentario, o un contrato de cualquier naturaleza que les genere ingreso”
El plan también contempla un espacio restaurativo para las víctimas para “crear condiciones que favorezcan su participación” en el proceso y, junto a los comparecientes “reflexionar sobre lo ocurrido en el marco del conflicto armado interno, reconocer el daño y las responsabilidades, promoviendo la dignificación de sus participantes y generando condiciones que contribuyan a la reparación, la no repetición y la reconstrucción del tejido social”, dice la resolución.
Ingreso al proceso
El ingreso al proceso de acompañamiento está sujeto al cumplimiento de ciertos requisitos establecidos en la resolución, como ser miembro activo o en retiro de la fuerza pública y sometido al régimen de condicionalidad para la comparecencia ante la JEP y estar en libertad.
El acceso al proceso de acompañamiento estará sujeto a criterios de priorización establecidos en la resolución, que incluyen la condición de cabeza de hogar, la condición de persona mayor, y la presencia de discapacidad, entre otros.
La iniciativa del Gobierno Nacional es un paso importante para la reparación de las víctimas del conflicto armado y la reincorporación a la vida civil de los miembros de la Fuerza Pública que cometieron
