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Resumen

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En los últimos días ha aumentado la incertidumbre y el nerviosismo entre los colombianos a causa de la crisis de las EPS. A pesar de que la reforma se hundió en comisión, tantos meses de especulación, sumado a un desajuste de la UPC (Unidad de Pago por Capitación, o el monto que el Estado le gira a las EPS por cada afiliado) fueron el catalizador de la situación actual.

Como ya he señalado en este espacio, la reforma a la salud defendida por el gobierno es prueba de un imperdonable error de cálculo político. Es inexplicable cómo el ejecutivo ha decidido gastar todo su capital político en un proyecto que, desde sus inicios, no generó consensos de ningún tipo, a diferencia de otros con un tremendo impacto social como la pensional.

Para entender la magnitud de este desacierto, es fundamental analizar el contexto en el que se inscribe esta reforma. A pesar de las inequidades y las deficiencias estructurales, el sistema de salud colombiano ha presentado grandes avances en cobertura -actualmente casi universal- y un gasto de bolsillo ínfimo en la comparativa con otros países -es decir, los aportes directos de la ciudadanía son un porcentaje relativamente menor del financiamiento del modelo. Aunque también es cierto que falta transparencia y la corrupción han dinamitado el sistema, por lo que una reforma es imperativa. Esta situación, de vieja data, requiere de soluciones profundas y consensuadas, no de reformas apresuradas y polarizantes.

El presidente Petro, al impulsar una reforma más centrada en intenciones que en la rigurosidad, ha subestimado la complejidad del sistema de salud y la diversidad de intereses que en él confluyen. La iniciativa de transformar radicalmente el modelo de salud ha generado una gran incertidumbre entre los actores del sistema, incluidos pacientes, profesionales de la salud y proveedores de servicios.

Es más, la reforma parece ignorar que cambios profundos, al menos en sociedades democráticas, requieren de un diálogo amplio y constructivo para  la construcción de consensos paulatinos. La política de salud debe estar orientada por el principio de hacer el mayor bien para el mayor número, buscando siempre el equilibrio entre las necesidades inmediatas de la población y la sostenibilidad a largo plazo del sistema.

El gobierno ha cometido un error al no priorizar un enfoque más inclusivo y deliberativo, que permitiera identificar y construir soluciones basadas en el consenso y la pedagogía. La salud es un tema demasiado sensible y complejo como para ser abordado mediante decisiones unilaterales o apresuradas. Estamos, tal vez, en el peor de los escenarios. La falta de un proceso consultivo amplio, así como el radicalismo ideológico, ha contribuido a caldear el entorno político para dificultar cualquier proceso de reforma, sumado a un manejo administrativo desde la Casa de Nariño, por debajo de la mesa, que terminó por ser un catalizador para la crisis de las EPS.

Pensar ciudad es defender el trámite democrático de las reformas. El tema de la salud se ha convertido en un punto de inflexión para el actual gobierno, revelando no solo las debilidades en su estrategia política sino también su desconexión con las necesidades y expectativas de la sociedad. Es crucial que el ejecutivo reconozca estos errores y busque caminos para rectificar, promoviendo un diálogo nacional que permita construir un sistema de salud más justo, eficiente y sostenible; pero sin borrar 30 años de avances y conquistas importantes. La salud de los ciudadanos no debe ser moneda de cambio en el tablero político, sino una prioridad consensuada y fundamentada en el bienestar colectivo.

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