Resumen
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Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez de conocimiento condenara a 14 años y 2 meses de prisión a José Ludbin Gómez Martínez, exsecretario de Desarrollo Social de Bucaramanga. El exfuncionario fue encontrado responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE
Las irregularidades se presentaron en el contrato No 900 suscrito el 29 de diciembre de 2010 entre dicha Secretaría y la Corporación Social para el Desarrollo Comunitario (Corsoder), cuyo monto superó los 55 millones de pesos. El objeto de este era capacitar a cinco dignatarios de las 240 Juntas de Acción Comunal (JAL) del área urbana y rural del municipio de Bucaramanga, en cuanto a habilidades en temas de liderazgo, trabajo en grupo, conciliación, resolución de conflictos, emprendimiento solidario.
La Fiscalía demostró que dicho contrato fue ejecutado parcialmente y que el procesado se apropió del dinero de manera irregular a favor de tercero. Gómez Martínez cumplirá la condena en centro carcelario, y deberá pagar 100 millones de pesos de multa.
Más condenas en su contra
Gómez Martínez, enfrenta en su contra otros procesos judiciales por los que actualmente se encuentra privado de la libertad.
El primer fallo penal en su contra, y por el cual se encuentra privado de la libertad, se conoció, tras un fallo del Tribunal Superior de Bucaramanga, se conoció hace año y medio, cuando fue condenado en segunda instancia a la condena por 12 años de cárcel por otro presunto caso de corrupción.
De acuerdo con el expediente, el funcionario había sido absuelto por el juez Décimo Penal del Circuito de Bucaramanga, y luego de un recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía, el alto tribunal le impuso la condena.
En ese entonces fue condenado por los delitos de celebración indebida de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad en documento público en concurso.
“El valor de lo apropiado se determinó en $184.484.633 y la escogencia de la Fundación Voces e Imágenes Comunitarias con la que se ejecutó el contrato no se hizo de forma transparente. Se violó el principio de selección objetiva porque las cotizaciones presentadas por Perfis, Guane y Prosperar, realmente no fueron suscritas por sus representantes legales, quienes no recibieron la solicitud de cotizaciones”, dice el Tribunal en el fallo judicial.
Explicó que con el ánimo de darle apariencia de legalidad al contrato de la Asociación Voces e Imágenes Comunitarias, el acusado amañó la transparencia de este sin que se corroborara la idoneidad para el cumplimiento de su objetivo.
De esta manera se concluyó que Gómez Martínez suscribió irregularmente el contrato por $370.000.000 con la anterior asociación. Además de presentar adicional a esto tres propuestas falsas para ejecutar el proyecto, para supuestamente apoyar programas de infancia y adolescencia por parte de la Alcaldía de Bucaramanga en 2011.
Hay mas investigados
“Existió una serie de trampas juntas y es así como se ha logrado probar que, con facturas y contratos falsos, se apropiaron de la suma de $184.484.633, hecho que por supuesto hace también responsable al secretario de Desarrollo del momento, por el delito de peculado por apropiación a favor de terceros”, indicó el falló.
Al vulnerar el principio de legalidad que rige la contratación estatal, el Tribunal Superior concluyó dar orden de su captura. En total, la Fiscalía presentó 27 pruebas contra el exsecretario de Desarrollo. Asimismo, otras seis personas continúan investigadas por contribuir en la celebración de contratos
“Ulises Dueñas Villamizar (supervisor) y José Ludbin Gómez Martínez (secretario de Desarrollo) como servidores públicos suscribieron el acta de liquidación del contrato irregularmente porque no corresponde a la verdad. Hacen constar hechos contrarios a la realidad de lo ocurrido, siendo constitutivo de falsedad ideológica en documento público”, señaló el documento.
Por tal motivo, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga le pidió a la Fiscalía General continuar con la investigación, por la presunta comisión de algún delito por parte de Juan Carlos Prieto García, Tatiana del Pilar Tavera, Fernando Cacua, Luz Stella Arenas Olarte, María Fernanda Sáenz Díaz, Gloria Patricia Jaimes.
