Resumen
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
La extinción de bienes del narcotraficante colombiano José Ignacio Álvarez Meyendorff ha desatado un escándalo judicial entre la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia. Desde junio de 2021, el magistrado Diego Corredor otorgó un plazo de un año a la Fiscalía para resolver el caso de extinción de dominio y lavado de activos que involucra a Álvarez y otras cuarenta personas. Al cumplirse el plazo, el proceso no había avanzado, lo que llevó a los afectados a presentar un incidente de desacato.
La Corte Suprema había ordenado el cierre de la investigación y la devolución de activos valorados en más de 109.000 millones de pesos. A pesar de esta directriz, la Fiscalía ha prolongado el proceso, lo que ha suscitado acusaciones de irregularidades, especialmente contra el fiscal José Uriel Acero y el director de extinción de dominio, José Iván Caro. Se les acusa de ignorar un fallo que exigía la devolución de los bienes.
El caso, uno de los más antiguos y costosos en la historia de la extinción de dominio en Colombia, ha sido objeto de controversia por las acciones de la Fiscalía. La situación se complicó aún más cuando el Tribunal de Bogotá admitió el desacato, pero la Fiscalía continuó negándose a cumplir con la orden de la Corte Suprema. Esta dilación ha generado críticas sobre el abuso de poder por parte de la Fiscalía.
Los denunciantes también han señalado supuestas falsedades en las notificaciones del fiscal, quien reconoció errores sin enfrentar consecuencias. Este prolongado proceso judicial ha sembrado dudas sobre la transparencia y la eficiencia del sistema judicial en Colombia.
