Resumen
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
El Estado de Colombia reconoció su responsabilidad por el magnicidio del entonces candidato presidencial y líder político Carlos Pizarro Leongómez, durante una audiencia pública que se llevó a cabo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
César Palomino Cortés, representante del Estado durante la audiencia y actual director general de laAgencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, señaló que “las investigaciones han permitido esclarecer que agentes del [extinto] Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) planeaban, facilitaban, ejecutaban y encubrían asesinatos selectivos de líderes de oposición en Colombia”, como ocurrió con Carlos Pizarro Leongómez.
Además, destacó que "el Estado asume y reconoce su responsabilidad internacional por el sufrimiento de los familiares [del líder político] a causa de las actuaciones y omisiones cometidas por las autoridades en la investigación de los hechos, afectando severamente el derecho a la verdad".
María José Pizarro, una de las hijas de Carlos Pizarro Leongómez y actual senadora de Colombia, relató ante las y los comisionados cómo la impunidad que ha rodeado el caso desde hace 34 años ha generado graves impactos y afectaciones a su familia. También se refirió a los obstáculos y omisiones institucionalesl que han marcado la investigación y que se reflejan en la dilación que ha habido para vincular a la investigación a altos funcionarios del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y otros agentes del Estado, presuntos responsables del magnicidio del líder político.
Por su parte, Laura García Mejía, pareja sentimental de Pizarro y madre de la actual representante a la Cámara María del Mar Pizarro, se refirió a los efectos de la persecución que sufrió el núcleo familiar: “era toda la familia sometida permanentemente al desprecio, al desprestigio, a amenazas permanentes y constantes”; así como a la intencionalidad política del magnicidio: “se pretendía mantener el bipartidismo político, mantener la hegemonía en los diferentes estamentos del Estado y no permitir cambios democráticos ni una apertura democrática en Colombia”.
La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y el Colectivo de Abogados y Abogadas “José Alvear Restrepo” (Cajar), organizaciones que representan a la familia Pizarro Leongómez, saludaron el reconocimiento de responsabilidad y argumentaron durante la audiencia las afectaciones provocadas por los incumplimientos de las obligaciones internacionales del Estado en relación con los derechos a la vida, la integridad personal, la personalidad jurídica, las garantías judiciales y la protección judicial de las víctimas.
Esta audiencia ante la CIDH representó una oportunidad decisiva para avanzar en el esclarecimiento de los hechos y en la exigencia de justicia y reparación para la familia Pizarro, que continúa buscando la verdad y el reconocimiento pleno de la responsabilidad estatal en uno de los magnicidios más graves y representativos en la historia de Colombia.
La CCJ insiste en la importancia de que se adopte una decisión lo más pronto posible por el actual contexto político que atraviesa Colombia en materia de paz. Una pronta definición de la Comisión Interamericana sería útil y tendría un enorme impacto en este momento para evitar la repetición de hechos de violencia contra firmantes del Acuerdo o contra otras personas que le apuestan a la paz.
El Cajar, por su parte, también espera que la Comisión Interamericana adopte un informe de fondo dando plenos efectos al reconocimiento estatal, analice la totalidad de las vulneraciones y realice recomendaciones dirigidas a la reparación integral y la garantía de no repetición.
Contexto del caso:
El 26 de abril de 1990, mientras viajaba en un vuelo comercial de Bogotá con destino a Barranquilla, Carlos Pizarro Leongómez, líder político y candidato presencial del partido Alianza Democrática M-19, fue asesinato por un sicario.
En 2010, la Fiscalía General de la Nación declaró este magnicidio como crimen de lesa humanidad, lo que implica que la justicia colombiana tiene que seguir investigando el caso y no podrá ampararse en el paso del tiempo para detener las labores dirigidas a esclarecer los hechos.
Durante los 34 años que han pasado, la familia Pizarro Leongómez y sus representantes (CCJ y Cajar) emprendieron acciones judiciales que dieron como resultado la sentencia contra los hermanos Castaño en 2002 y la vinculación de funcionarios del extinto DAS en 2015, así como el reciente llamado a indagatoria por parte de la Corte Suprema de Justicia del entonces director del DAS Miguel Maza Marquez.
Sin embargo, no ha habido esclarecimiento sobre las profundas alianzas entre agentes del Estado y grupos paramilitares para perpetrar este crimen en contra del candidato presidencial, así como tampoco sobre la identidad de todos los responsables y su grado de participación. En septiembre de 2024, una resolución de acusación de la Fiscalía señaló a Manuel Antonio González Enríquez, antiguo director de protección del DAS como posible coautor del asesinato y facilitador del encubrimiento del crimen.
