Estado como salvavidas: Cepeda promete siete rentas, subsidios y auxilios ¿Será viable regalar tanto dinero?

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, presentó un ambicioso paquete de siete programas sociales con los que busca convertir la lucha contra la pobreza y la desigualdad en el corazón de su campaña presidencial.

La propuesta, que tendría un costo cercano a los 3 billones de pesos, fue presentada como una especie de gran tablero de auxilios estatales donde caben adultos mayores, jóvenes, campesinos, líderes sociales y hasta los útiles escolares, todo bajo la promesa de una “economía productiva y socialmente incluyente”.

Cepeda insistió en que su plan no representa “un programa estatista o de estatización”, aunque el menú de subsidios y transferencias dibuja un Estado bastante activo, casi como un gerente social de tiempo completo.

“Por el contrario, estimula la producción empresarial y el emprendimiento microempresarial”, aseguró el candidato, quien también defendió que la equidad social debe dejar de verse como gasto y comenzar a entenderse como inversión para el desarrollo económico.

La primera gran apuesta será ampliar el programa Colombia Mayor. Según Cepeda, un millón más de adultos mayores entrarían a recibir ayudas económicas, con un costo estimado de 2 billones de pesos.

La financiación, explicó, podría provenir de mayores ingresos de Ecopetrol gracias al comportamiento internacional del petróleo. En otras palabras, la volatilidad del mercado petrolero ahora también cargaría sobre sus hombros parte del futuro social del país.

Una mesada más para los jóvenes

El segundo programa corresponde a Renta Joven. La propuesta busca cubrir a 400.000 jóvenes desde 2027, manteniendo transferencias de entre 800.000 y un millón de pesos. Cepeda sostuvo que el objetivo es evitar que miles de jóvenes queden atrapados entre el desempleo y la informalidad, una especie de limbo laboral que en Colombia parece tener más habitantes que varios municipios. El candidato señaló que el financiamiento saldría de mecanismos de educación superior y programas de empleo estatal ligados al Servicio Social para la Paz.

En el caso de Renta Ciudadana, la meta es duplicar el número de familias beneficiarias, pasando de 800.000 a 1,6 millones de hogares. Pero el programa no solo promete transferencias económicas. Cepeda habló también de impulsar créditos baratos para 200.000 microempresas familiares, intentando mezclar subsidio y productividad en una fórmula que históricamente los gobiernos venden como “economía popular”, aunque pocas veces logran que el pequeño negocio sobreviva al cuarto recibo de servicios públicos.

Subsidio a discapacitados

Otra de las iniciativas anunciadas fue la creación de una renta para personas en situación de discapacidad. El plan cubriría a 400.000 niños, niñas y jóvenes hasta los 29 años que además vivan en condiciones de pobreza. “Es una política de reconocimiento de la dignidad y los derechos de las personas”, afirmó el candidato, defendiendo que el Estado debe intervenir allí donde las brechas sociales terminan convirtiéndose en condenas hereditarias.

Quizá una de las propuestas más llamativas, y políticamente más sensibles, es la renta básica para líderes y lideresas sociales. El programa contempla entregar un salario vital mensual a 5.000 dirigentes sociales en riesgo.

Cepeda sostuvo que la medida ayudaría a fortalecer el tejido comunitario y proteger a quienes ejercen liderazgo territorial en medio de la violencia. El anuncio aparece en un país donde defender derechos humanos suele parecer más una actividad de alto riesgo que una labor ciudadana.

En materia rural, el candidato propuso redireccionar las compras de alimentos que realizan entidades como el ICBF, el PAE y la Fuerza Pública para que se hagan directamente a campesinos productores.

La iniciativa movería cerca de 6 billones de pesos anuales hacia economías rurales. La idea apunta a reducir intermediarios, esos personajes invisibles que suelen quedarse con la mejor tajada mientras el campesino vende barato y el consumidor compra caro, como si la papa atravesara una aduana de lujo antes de llegar a la tienda.

Finalmente, Cepeda anunció la entrega de kits escolares para dos millones de estudiantes de zonas rurales y periferias urbanas. El programa costaría 580.000 millones de pesos y buscaría aliviar el gasto de familias de bajos ingresos.

Porque en Colombia el calendario escolar no solo inaugura clases: también inaugura temporadas de angustia financiera para miles de hogares que descubren que una lista de útiles puede competir tranquilamente con la cuota de un electrodoméstico.

El candidato insistió en que todas estas medidas serán implementadas progresivamente y financiadas mediante reorientación del gasto público, eliminación de intermediaciones y acuerdos con empresarios bajo la figura de “programas sociales por impuestos”.

Una fórmula donde el sector privado aparece invitado a participar en el banquete social del Estado, aunque todavía queda por verse cuántos empresarios estarán dispuestos a brindar entusiasmo y no únicamente calculadora.