Resumen
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Acompañado de su equipo jurídico, el exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández Suárez radicó dentro de los términos de ley la solicitud de apelación en contra de la condena que recientemente le impuso un juez de la república en primera instancia, por haber incurrido en actos de corrupción durante su gestión como alcalde de la capital santandereana.
Por Camilo Ernesto Silvera Rueda
Redacción Política / EL FRENTE
Tal y como lo informó EL FRENTE de manera oportuna, el también excandidato presidencial y directivo del Partido LIGA (Liga Anticorrupción) fue condenado el pasado jueves 13 de junio por el Juzgado Décimo Penal del Circuito de Bucaramanga a una pena de 64 meses por el delito de interés indebido en celebración de contrato a título de autor y a pagar una multa de 85 millones 800 mil pesos, condena en la que se incluyó una inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 80 meses.
Dentro del proceso, conocido como Vitalogic, Hernández Suárez fue señalado de beneficiar a su hijo Luis Carlos Hernández Oliveros con gestiones que estaban encaminadas a la adjudicación del contrato de basuras en Bucaramanga, y para esto presionó, según la condena, la contratación de un asesor que le daría el visto bueno a la empresa Vitalogic RSU como la escogida en el marco de una licitación para transformar basuras en energía.
“Se ha llegado a esta conclusión no solo a través del testimonio que rindiere el señor José Manuel Rivera Arias, sino que estimo que efectivamente existen elementos o medidas de prueba de corroboración que permiten en este caso llegar al convencimiento, más allá de toda duda razonable”, explicó entonces el Juez Décimo Penal del Circuito de Bucaramanga.
Pruebas de mi inocencia
Sin embargo, una y otra vez, antes y después de la condena, Rodolfo Hernández ha reiterado que es inocente y que su condena ha sido producto de un error en el que se le hizo incurrir a la justicia con pretensiones de validez falsas.
“Mi alma está limpia. Mi corazón, en paz. No estoy obligado a probar lo imposible, lo que nunca sucedió. Todas las inconsistencias que impusieron en la acusación se desvirtuaron una a una y, por lo tanto, no hay una sola que se sostenga por su incoherencia. Será en el Tribunal Superior de Bucaramanga donde se defina la solicitud de mi inocencia porque no me he robado ni un solo peso en la alcaldía de Bucaramanga”, insistió.
Para respaldar su pretensión de inocencia, su equipo defensor centrará la apelación en tres tesis para tres momentos diferentes del proceso.
La primera, que él (Rodolfo Hernández) no efectuó las invitaciones para la consultoría y que las seis invitaciones, de las cuales surgió la opción finalmente ganadora, las realizó el entonces gerente de la Empresa de Aseo de Bucaramanga (EMAB), José Manuel Barrera.
Dos: que las propuestas no las recibió él en su papel de mandatario local y tampoco las evaluó la Alcaldía de Bucaramanga pues la EMAB, en ejercicio del principio de autonomía administrativa, fue la entidad que ejerció ese papel y la que analizó y viabilizó las propuestas para escoger la consultoría.
Tres, que el contrato de consultoría no lo adjudicó Rodolfo Hernández en su condición de Alcalde de Bucaramanga, y que en este caso, como en los dos puntos anteriores, fue José Manuel Barrera en su desempeño como gerente de la Empresa de Aseo de Bucaramanga, quien adjudicó y firmó el contrato de consultoría.
Cuarto, que el contrato con la empresa Vitalogic RSU, que fue la empresa seleccionada por el consultor como la idónea para ser escogida como la empresa que transformaría la basura en energía, nunca se llevó a la realidad, no se adjudicó ni se firmó, pues finalmente fue declarado desierto.
Igualmente, Hernández se refirió a su desconocimiento sobre los implicados en el contrato de consultoría N° 096 de 2016 con la Emab, en concreto, al consultor Jorge Alarcón. El excandidato presidencial expresó: “Nunca conocí a ese señor Alarcón que dicen que yo quería beneficiar”. La consultoría finalmente costó $360.000.000.
Del mismo modo aseguró que no conoció a Luis Andelfo Trujillo, uno de los testigos que la Fiscalía ha considerado fundamentales en su proceso judicial, a través del que fue inhabilitado por la Procuraduría General de la Nación por 10 años, 5 meses y 28 días por el delito de interés indebido en dicho contrato.
“Sé que la vida me dará la oportunidad de demostrar mi inocencia, la haré en debida forma a través de la justicia, porque yo confío en la justicia”, puntualizó el condenado Hernández Suárez.
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