Estatuto antiterrorista

Anuncia el gobierno que presentará ante el Congreso un proyecto de ley contentivo de un “estatuto antiterrorista”, que brinde las herramientas adecuadas para por luchar contra las estructuras delincuencias organizadas que vienen azotando el país. Se dice que tendrá otro nombre, -de pronto por las críticas que tuvo el propuesto en el gobierno de Turbay Ayala-, será una de las principales banderas contra la delincuencia del gobierno y corresponderá liderarlo al ministro del Interior.

El principal objetivo es poder combatir las estructuras delincuenciales que se crecieron por toda la república ante la equivocada política de la “paz total “y poder contar con todos los instrumentos adecuados para lograr el sometimiento de los grandes delincuentes. Apoyado en esta regulación el gobierno pretende la creación de una lista de organizaciones terroristas, como existe en otros países, que serían consideradas como grupos armados organizados, para todos los efectos legales y el DIH. ¡Que les quede claro! que la única alternativa es el sometimiento.

Se trata, además, de ponerle mano al tema carcelario, ausente de políticas efectivas, que se ha convertido en un sistema perverso, donde reina la corrupción, y desde donde se sigue delinquiendo. Por fin se le pondrá mano a uno de los problemas más delicados que afronta el Estado colombiano: acabar con la corrupción del Inpec, suprimir los privilegios de los grandes delincuentes, contar con una política carcelaria seria, aflictiva y regenadora. Con el nuevo estatuto se pretende, además, la creación de un régimen penitenciario especial para los cabecillas de grupos criminales.

También se contempla un capítulo especial en el cual se regula sobre los bienes de los criminales, lo que supondría un tratamiento distinto al que hoy se conoce como extinción de dominio. No habría beneficios y los procesados responsables perderían todas sus fortunas.

Se contempla además en el estatuto un capítulo de normas de persecución contra los bienes y actividades relacionados con la minería ilegal y con la compra y la venta de oro.

Para cumplir estos propósitos, la cooperación internacional será definitiva. De acuerdo con el proyecto, se trabajaría articuladamente con otros países para frenar el lavado de activos.

En perfecta coherencia con la nueva política carcelaria, observamos el traslado de los implicados en la corrupción de la UNGRD, de sitios de privilegio en guarniciones militares, hacia la cárcel de la Picota donde debían estar desde un principio. Alegan sus abogados que no están privilegiados sino asegurados ante los riesgos que corren por las delaciones que hicieron buscando beneficios por colaboración. Claro que se trataba de privilegios, no hay la menor duda; el Estado deberá velar por su seguridad en los sitios de reclusión y los beneficios son las rebajas que obtienen de sus penas. Ya era hora de acabar con esa práctica entronizada que solo beneficiaba a los delincuentes de cuello blanco.

Observamos plena coherencia en esta nueva política pública, con las propuestas del gobierno de combatir la delincuencia, de no más procesos de paz e implementar el único espacio posible que es el sometimiento a la justicia.