“Esto no es solo Harvard, es Estados Unidos”: jueza bloquea veto estudiantil de Trump

Una jueza federal de Estados Unidos detuvo temporalmente una proclamación del expresidente Donald Trump que buscaba suspender los visados para los nuevos estudiantes internacionales que ingresan a la Universidad de Harvard. La medida judicial responde a una petición urgente de la institución académica, que denunció represalias políticas por parte del exmandatario.

La orden de restricción temporal fue emitida por la jueza Allison Burroughs, del Tribunal de Distrito de Massachusetts, quien consideró que Harvard podría enfrentar un “daño inmediato e irreparable” si no se intervenía a tiempo. La jueza, nombrada durante la administración de Barack Obama, señaló que la suspensión se mantendrá “hasta nueva orden del Tribunal” y convocó una audiencia para mediados de junio, en la que decidirá si la proclamación debe ser bloqueada de manera indefinida.

La Universidad de Harvard presentó una demanda enmendada que alega que la proclamación de Trump —firmada un día antes de la decisión judicial— viola la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos y constituye una forma de represalia política. La medida presidencial ordenaba al Departamento de Estado revisar y posiblemente revocar los visados de tipo F, M y J, utilizados por estudiantes internacionales para cursar estudios o participar en programas de intercambio académico.

“De un plumazo, el secretario del DHS y el presidente han tratado de borrar una cuarta parte del alumnado de Harvard”, afirma el documento legal presentado por la universidad. La comunidad internacional representa cerca del 25 % del total de estudiantes en esta institución.

En su demanda, Harvard sostiene que la proclamación responde a una “campaña de represalias” del gobierno federal, luego de que la universidad desafiara decisiones políticas anteriores. Además, la institución acusó al gobierno de utilizar motivos como la “seguridad nacional” para justificar medidas que afectan directamente la libertad académica y la autonomía universitaria.

El presidente interino de Harvard, Alan Garber, denunció en un comunicado que se trata de “otro paso ilegal de la administración para tomar represalias contra Harvard”. Garber aseguró que la universidad defenderá con firmeza a su comunidad internacional y continuará “haciendo valer sus derechos constitucionales”.

La proclamación también ha generado preocupación por las posibles consecuencias en los consulados y embajadas estadounidenses. Según documentos judiciales, el mismo día de la orden presidencial, el Departamento de Estado envió un cable a sus oficinas diplomáticas instruyendo un mayor escrutinio a los futuros solicitantes de visado para Harvard. La directiva requería revisar las redes sociales y la actividad en línea de estudiantes, profesores y visitantes vinculados a la universidad, con la posibilidad de rechazar solicitudes basadas en criterios vagos o poco transparentes.

La medida forma parte de un conflicto más amplio entre la Universidad de Harvard y la Casa Blanca. Desde mayo, la institución ha enfrentado recortes por más de 2.200 millones de dólares en fondos federales y amenazas de perder su estatus de exención de impuestos. La jueza Burroughs ya había intervenido en el pasado para frenar intentos del Departamento de Seguridad Nacional de cancelar la participación de Harvard en el Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP), lo que habría impedido su capacidad de acoger estudiantes internacionales.

Además, la proclamación presidencial acusó a la universidad de no abordar de forma adecuada el antisemitismo en el campus y de implementar políticas de diversidad que Trump calificó como “discriminación ilegal e inmoral”. Estas afirmaciones también fueron rechazadas por la defensa legal de Harvard, que argumenta que el enfoque del gobierno viola los principios constitucionales de libertad académica y expresión.