Ministerios bajo la lupa: Procuraduría critica la ejecución presupuestal de inversión

En un reciente informe, la Procuraduría General de la Nación ha emitido un juicio crítico sobre el manejo de los fondos de inversión de varios ministerios en el año anterior. Los hallazgos revelaron un panorama desalentador, caracterizado por el bajo nivel de ejecución del presupuesto destinado a inversión.

Según el ente de control, el Ministerio del Deporte encabezó la lista con una cifra alarmante de más de $241.000 millones que quedaron sin asignar para proyectos concretos, mostrando un serio problema de gestión de recursos.

Los ministerios de Comercio, Ambiente y Vivienda no escaparon al escrutinio, manteniendo más del 66% de sus presupuestos sin ejecutar, situándolos entre las instituciones con peor desempeño en el uso eficiente de sus fondos asignados para el año 2023.

La Procuraduría se apoyó en datos proveídos por el Departamento Nacional de Planeación, los cuales ofrecieron una visión sobre la efectividad de la ejecución presupuestal, la culminación de los proyectos y el seguimiento a los planes y acuerdos gubernamentales.

A pesar de evidenciar una 'voluntad de ejecutar los presupuestos asignados', ministerios como Vivienda e Interior se toparon con obstáculos al intentar concretar metas en colaboración con Findeter y Enterritorio, no logrando materializar los objetivos previstos.

La Procuraduría Segunda Delegada advirtió que la falta de inversión no solo infringe los principios de planificación y anualidad del presupuesto, sino que, además, puede desencadenar sanciones disciplinarias debido a la severidad de los incumplimientos.

El balance negativo se extendió hacia sectores claves como Agricultura, Ambiente, Deporte, Inclusión Social, Minas y Transporte, reflejando la suma de aproximadamente $7,034 billones de recursos sin utilizar; este monto representa el 84,4% del total de fondos no comprometidos del Presupuesto General de la Nación.

La Procuradora delegada, alarmada por la situación, no descartó la posibilidad de tomar 'acciones disciplinarias' frente a la gravedad de los hechos reportados por el ente de control.