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Exconcejal irá a los tribunales por abusivo: se llevó sin permiso una portátil y nunca la devolvió

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Resumen

La Procuraduría General de la Nación de Colombia investiga al concejal Carlos Alberto Franco Varón por presuntamente llevarse sin autorización un computador asignado a otra persona del concejo municipal. Aunque le pidieron devolverlo en varias ocasiones, el equipo sigue sin ser recuperado.

Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
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La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de investigación disciplinaria contra el concejal de Roncesvalles, Tolima, Carlos Alberto Franco Varón (2020-2023), quien, al parecer, tomó y sacó del país sin autorización, un computador portátil que había sido asignado a otro miembro de la corporación municipal.

El ente de control señaló que, tras ser requerido por la mesa directiva del concejo para que devolviera el equipo de cómputo antes de culminar su periodo como cabildante, con el propósito de poder llevar a cabo el empalme y entrega a los concejales electos, y solicitársele el envío de una fotografía del mismo, el exfuncionario envió una imagen que no guardaría relación con las características ni con los datos del computador inicialmente entregado.

El concejo refirió que a pesar de habérsele instado por escrito en tres oportunidades para que entregara el bien de propiedad del ente municipal, a la fecha de inicio de esta actuación, Franco Varón no había devuelto el portátil que, sin permiso alguno, se llevó para Luxemburgo.

La Entidad practicará las pruebas que conduzcan a establecer la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares para determinar si constituyen faltas disciplinarias y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.

Entre ellas, la Procuraduría solicitó a la corporación municipal certificar si Carlos Alberto Franco Varón ya efectuó el reintegro del computador, y en caso negativo indicar qué acciones ha adelantado para su recuperación.

Finalmente, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué señaló a los sujetos procesales los beneficios legales establecidos en caso de optar por la confesión o la aceptación de cargos.

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