Resumen
Ocho exmiembros de las FARC admitieron su responsabilidad en el secuestro y asesinato de once diputados en el Valle del Cauca en 2002. En una carta a la Jurisdicción Especial para la Paz, reconocieron el daño causado. Enfrentan acusaciones de crímenes de guerra y lesa humanidad.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Ocho excombatientes de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han reconocido su implicación en el secuestro y el asesinato subsiguiente de once diputados en el departamento de Valle del Cauca, un suceso que consternó a la nación hace más de dos décadas. La admisión de los hechos se efectuó mediante una misiva remitida a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Los exinsurgentes, pertenecientes al Bloque Occidental de la extinta guerrilla, manifestaron en su comunicado que son conscientes de "los profundos daños que nuestras acciones provocaron en la vida personal, familiar y comunitaria de las víctimas". Los incriminados enfrentan acusaciones que incluyen crímenes de guerra y lesa humanidad, como la toma de rehenes, el homicidio y la tortura, entre otros.
Ante esta jurisdicción de transición se detallaron las penurias sufridas por los legisladores durante su cautiverio, que abarcaron desde aislamiento y marchas forzadas, hasta torturas y actos que atentaron contra su dignidad. Los crímenes ocurrieron el 11 de abril de 2002, y la mayoría de las víctimas fueron ultimadas cinco años después, exceptuando a Sigifredo López, quien logró sobrevivir a la tragedia.
