Exparas y exmilitares contaron ante la JEP cómo se aliaron para ejecutar masacres en Barrancabermeja

En Barrancabermeja terminaron cuatro días de testimonios y versiones sobre los hechos que se conocen como la “toma paramilitar” de Barrancabermeja y otros crímenes cometidos en el Magdalena Medio. En estas diligencias se abordó la relación de los agentes del Estado con los paramilitares y el papel de la Empresa estatal Ecopetrol. EL FRENTE le presenta a sus lectores un resumen de los puntos más cruciales de las diligencias.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

Las diligencias judiciales, dirigidas por la magistrada Catalina Díaz Gómez de la Sala de Reconocimiento de la Justicia Especial para la Paz (JEP), se llevaron a cabo en el marco del Subcaso Magdalena Medio del Caso 08 y en las audiencias participaron 50 víctimas y sus abogados acreditados en el proceso judicial ante la JEP.

Entre los testimonios más relevantes, por ejemplo, durante la avanzada judicial la magistrada Díaz y su equipo escuchó el testimonio de Jhon Alexander Vásquez, conocido como ‘Pepo’, quien durante siete años fue trabajador de Ecopetrol y, al mismo tiempo, miembro de las Autodefensas Campesinas de Santander y el sur del Cesar (AUSAC) y luego del Bloque Central Bolívar.

Ante la JEP, las víctimas y sus representantes legales, el testigo explicó su rol como enlace entre el Batallón de Contraguerrilla No. 45, encargado de la seguridad de la Refinería en Barrancabermeja y los paramilitares. En concreto, detalló las coordinaciones para la incursión paramilitar que culminó en la masacre del 28 de febrero de 1999 en la ciudad. Ese día fueron asesinadas ocho personas y dos desaparecidas forzadamente.

La versión que hasta ahora reposa en los expedientes daba cuenta de que ese fatídico 28 de febrero de 1999 un grupo de paramilitares de las Autodefensas de Santander y el Sur del Cesar, Ausac, asesinaron a ocho personas y desaparecieron a otras dos en varios barrios de Barrancabermeja.

Ese día los autores de la masacre entraron por el nororiente de la ciudad y se dirigieron a un bazar que se realizaba en el barrio Provivienda, donde dispararon indiscriminadamente matando a tres personas.

Luego el grupo armado se dirigió al Club Náutico de Ecopetrol, en el que asesinaron a un taxista y a un vendedor de lotería. Las tres últimas víctimas fueron dos comerciantes y el gerente de una entidad bancaria en otro sector de la ciudad, además de un joven y un taxista que fueron secuestrados y no se volvió a saber de ellos.

Seguimiento a las víctimas

Esa masacre formó parte de la denominada incursión paramilitar, la cual ocurrió desde mediados de 1997, año en el que inició la ocurrencia de varias masacres en Barrancabermeja contra supuestos colaboradores del Eln.

Testimonios de desmovilizados que pertenecieron a este grupo han reconocido que casi todas sus víctimas fueron escogidas al azar para demostrar su poder en la zona.  El principal jefe de las Ausac, Guillermo Cristancho Acosta, alias ‘Camilo Morantes’, quien ordenó directamente las masacres, fue asesinado por orden de Carlos Castaño en noviembre de 1999. Mario Jaimes Peña, alias ‘Panadero’, otro de los ex jefes, se encuentra en el proceso de Justicia y Paz.

En medio de su testimonio durante las audiencias recientes efectuadas en Barrancabermeja, el desmovilizado alias Pepo también explicó cómo, por encargo de un capitán retirado del Ejército y subjefe de Seguridad de Ecopetrol en Barrancabermeja, grababa ilegalmente las asambleas del sindicato de la USO, un trabajo por el que le pagaban.

Concertaron con los militares

Entre otras cosas, alias Pepo narró que paramilitares del Bloque Central Bolívar le mostraron una lista manuscrita que incluía a varios dirigentes sindicales de Barrancabermeja, quienes serían objetivo militar. Uno de ellos, Rafael Jaimes Torra, quien fue asesinado al día siguiente de entregada la lista.

La magistrada Catalina Díaz también recogió la versión del mayor (r) Oswaldo Prada Escobar, jefe de inteligencia del Batallón de Artillería Nueva Granada entre junio de 1997 y julio de 1998.

El mayor Oswaldo Prada Escobar relató la concertación entre los paramilitares y la plana mayor del batallón para la planeación, ejecución y encubrimiento de la incursión paramilitar-masacre del 16 de mayo de 1998 en Barrancabermeja, en la que 25 personas fueron desaparecidas y 7 asesinadas; 14 permanecen desaparecidas.

El compareciente de la fuerza pública explicó cómo el comandante y la plana mayor del batallón coordinaron para que los puestos de control militar en los barrios nororientales y en las afueras de la ciudad permitieran la incursión paramilitar.

Por ejemplo, el testigo precisó cómo uno de los “guías” de la incursión paramilitar, guerrillero desmovilizado, llevaba varios días protegido en el batallón y, por orden del comandante militar, se le permitió integrar el comando paramilitar que ejecutó la masacre.

También relató cómo la plana mayor del batallón no hizo nada frente a los reclamos urgentes de los familiares de las víctimas desaparecidas que llegaron la misma noche y madrugada de la masacre hasta esa unidad militar a pedir ayuda, ni en los días siguientes para rescatarlos.

A la fecha, en el Caso08, Subcaso Magdalena Medio, 200 víctimas se han acreditado ante la JEP para participar en el proceso judicial. También se han acreditado siete sujetos colectivos: la USO, CREDHOS, el colectivo 16 de mayo, la Asociación Campesina ACVC, las comunidades campesinas del Guayabo, Ciénaga del Opón y Carmen de Chucurí y la Sala de Reconocimiento ha realizado un total de 20 diligencias de versión y declaración juramentada en esta investigación.

Que digan la verdad

Las declaraciones de los comparecientes ante la JEP se conocen una semana después de que desde la Unión Sindical Obrera (USO) efectuara un llamado a Ecopetrol para que revelara la complicidad que tuvo en todos estos episodios pues son reiteradas las declaraciones judiciales que señalan a funcionarios de Ecopetrol adelantando labores de inteligencia a través de la infiltración directa al Sindicato de la USO.

De acuerdo con lo que ha documentado la USO, Ecopetrol contrataba miembros retirados de las Fuerzas Militares, como el ex subjefe de seguridad José Eduardo González Sánchez, que tenía como misión infiltrarse en la Unión Sindical Obrera - USO en búsqueda de supuestos subversivos.

Según la versión de la agremiación sindical, algunos de estos exmilitares, pasaron luego a las filas paramilitares como comandantes, justo en el momento que la USO sufría un feroz genocidio a manos de agentes del Estado y de las organizaciones paramilitares.

“Estos episodios son un capítulo más de la sangrienta historia que vincula a Ecopetrol y sus jefes de seguridad a nivel nacional y en la refinería de Barrancabermeja con muy graves violaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario que se convierten en crimenes de lesa humanidad. Ya es hora de que el gobierno nacional y las directivas de la estatal petrolera, le cuenten al Sindicato, a los familiares de nuestros compañeros asesinados y al país, la verdad sobre las razones y pormenores de estas prácticas genocidas”, expresó la unidad sindical mediante un comunicado en el que le pidieron al Estado conocer las causas que llevaron a los determinadores y financiadores a emprender el genocidio contra la USO y contra lideres y lideresas sociales y populares en el Magdalena Medio y en las regiones donde se explotaba petróleo por parte de Ecopetrol.

“La empresa debe responder por lo sucedido, reparar y pedir perdón a todas las víctimas de crímenes realizados por funcionarios protegidos por la empresa. Creemos que la política de la petrolera no debe ser la de evadir responsabilidades, callar y omitir el cumplimiento de sus obligaciones nacionales e internacionales en materia de Derechos Humanos. Esconder la verdad debajo de la alfombra no va a absolver a Ecopetrol, es la verdad y la memoria la que posibilitara la reconciliación en nuestro país y en el Magdalena Medio”, reclamaron los sindicalistas.