Expresidente de un concejo en Santander se apropió del erario, ahora la infamia se apoderó de él
Resumen
La Procuraduría destituyó e inhabilitó por 12 años al concejal Alexander Porras Marín por apropiarse indebidamente de recursos públicos del Concejo de Lebrija.
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La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general por 12 años al concejal del municipio de Lebrija Alexander Porras Marín, al encontrar probado que se apropió indebidamente de recursos públicos mientras ejercía como presidente del Concejo Municipal.
Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE
La decisión, adoptada en primera instancia por la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Bucaramanga y divulgada el pasado 9 de mayo de 2026, deja al descubierto un episodio que golpea de frente la confianza ciudadana en una corporación que, en teoría, debería velar por la vigilancia política y el correcto uso de los recursos del Estado, no convertirlos en caja menor de intereses particulares.
Según el fallo disciplinario, entre julio y agosto de 2023, cuando Porras Marín presidía el Concejo de Lebrija, dispuso de manera irregular de dinero perteneciente a la corporación mediante el giro de dos cheques cargados a la cuenta corriente institucional.
La gravedad del caso radica en que esos fondos estaban bajo su custodia y administración precisamente por las responsabilidades inherentes al cargo. Es decir, el funcionario habría utilizado la confianza depositada en él y las facultades legales que le otorgaba su investidura para apropiarse de recursos que pertenecían a todos los habitantes del municipio.
La escena resulta particularmente indignante: quien debía ser guardián del patrimonio público terminó señalado de abrir la caja fuerte con su propia llave. Con base en las evidencias, la Procuraduría concluyó que el entonces cabildante vulneró de manera directa los principios de moralidad y legalidad que rigen la función pública.
En el lenguaje jurídico, la falta fue calificada como gravísima y cometida a título de dolo, lo que significa que el organismo disciplinario determinó que la conducta no obedeció a un error, descuido o interpretación equivocada de las normas, sino a una actuación consciente y deliberada.
En otras palabras, según el Ministerio Público, existió la intención de disponer indebidamente de recursos oficiales, una conducta que representa una de las formas más reprochables de corrupción administrativa.
La destitución y la inhabilidad por 12 años constituyen una de las sanciones disciplinarias más severas que puede imponer la Procuraduría. Durante ese período, Alexander Porras Marín no podrá ejercer cargos públicos ni celebrar contratos con el Estado.
