Fallo le ordena a la Gobernación de Santander terminar obras del Hospital de San Gil
La justicia confirmó que el Hospital de San Gil sigue sin ser plenamente funcional y ordenó al Departamento de Santander corregir fallas y completar la obra.
La justicia confirmó que el Hospital de San Gil sigue sin ser plenamente funcional y ordenó al Departamento de Santander corregir fallas y completar la obra.
Los puntos clave serán generados automáticamente por IA y revisados por la redacción de El Frente.
El contexto histórico y los antecedentes serán generados a partir del archivo periodístico de El Frente.
··········
········
Siete años después de haberse firmado el contrato, la justicia concluyó que la obra aún no puede considerarse un hospital plenamente funcional y que corresponde al Estado corregir las fallas que permitieron que uno de los proyectos de salud más importantes de Santander terminara convertido en símbolo de improvisación y retrasos.
Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE
El Tribunal Administrativo de Santander confirmó en segunda instancia la sentencia que declaró responsable al Departamento de Santander por la vulneración de derechos colectivos relacionados con la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público y el acceso a una infraestructura que garantice la salubridad pública. El proceso corresponde a la acción popular promovida por Marco Antonio Velásquez Velásquez contra el ente departamental y otras entidades vinculadas al caso.
La acción popular fue promovida bajo el argumento de que la desaparición del hospital funcional obligó a miles de pacientes de las provincias Guanentina y Comunera a desplazarse hacia Bucaramanga y otros municipios para recibir atención especializada, fenómeno que el demandante calificó como un verdadero "paseo de la muerte".
Según la demanda, el Hospital Regional de San Gil fue sometido a un proceso de reposición de infraestructura que implicó la demolición de las edificaciones existentes. Sin embargo, pese a las millonarias inversiones realizadas, la ejecución prácticamente se limitó a derribar la antigua estructura, dejando a la región sin un centro asistencial plenamente operativo, todo por cuenta de la ineficiencia e ineptitud de los contratistas.
Hablamos del contrato de obra No. 000490 fue suscrito el 1 de febrero de 2019 por un valor superior a 23.705 millones de pesos y un plazo de ejecución de 18 meses. La entrega estaba prevista para octubre de 2020.
No obstante, las obras fueron suspendidas en noviembre de 2019 y la situación se prolongó durante años, generando una afectación directa a los habitantes de San Gil y de más de veinte municipios de influencia.
El problema comenzó
desde los estudios técnicos
Durante el proceso se comprobó que las condiciones reales del terreno eran diferentes a las previstas inicialmente. Los estudios geotécnicos posteriores determinaron la existencia de arcillas blandas y un suelo altamente compresible, situación que hacía inviables varias de las soluciones estructurales contempladas en los diseños originales.
Incluso, una de las alternativas requería más de seis años para alcanzar la consolidación necesaria del terreno, por lo que terminó descartándose. Finalmente se recomendó una cimentación mediante micropilotes.
Para los jueces, estas circunstancias evidenciaron serias deficiencias en la planeación del proyecto.
El Tribunal concluyó que las prolongadas suspensiones y la ausencia de decisiones oportunas incrementaron el riesgo de que la obra se consolidara como una infraestructura inconclusa con grave afectación al interés general.
Además, se estableció que el costo proyectado terminó elevándose hasta superar los 41.350 millones de pesos debido a los rediseños y ajustes derivados de los problemas técnicos inicialmente no previstos.
La corporación judicial señaló que las fallas en los estudios previos produjeron retrasos, modificaciones sucesivas y una alteración significativa del cronograma original, constituyendo una vulneración al principio de planeación contractual.
Uno de los puntos más delicados del proceso fue la constatación de que el proyecto no contemplaba inicialmente zonas esenciales para una operación hospitalaria adecuada.
Durante la inspección judicial se evidenció la ausencia de áreas para cocina, lavandería, almacenes, mantenimiento y la unidad de cuidados intermedios, espacios indispensables para prestar un servicio integral a la población de la provincia Guanentina.
Precisamente por ello, el fallo ordenó evaluar e incorporar dichas dependencias dentro del proyecto definitivo.
El fallo dispuso que el Departamento de Santander y el Ministerio de Salud deben culminar las gestiones financieras, presupuestales y contractuales necesarias para completar la segunda fase del proyecto.
Posteriormente deberá seleccionarse un contratista y ejecutar las obras pendientes, con un plazo máximo de 18 meses para entregar de manera total y definitiva la infraestructura hospitalaria.
