Resumen
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
El sepelio de los tres jóvenes asesinados en el corregimiento de Puerto Olaya, en Cimitarra, Santander, se llevó a cabo en medio de un ambiente de tristeza y consternación en dos municipios de Antioquia. Los hermanos de 12 y 15 años fueron sepultados en San Luis, mientras que el adolescente de 16 años fue enterrado en Puerto Berrío.
El múltiple homicidio, que dejó herida a la madre de las víctimas, fue cometido el pasado sábado, 5 de octubre, mientras los menores dormían en su vivienda. De acuerdo con las autoridades, el crimen habría sido perpetrado por al menos ocho integrantes de una banda que opera en el corregimiento desde hace más de una década. Los hechos han generado un profundo rechazo por parte de la comunidad y de las autoridades locales, quienes buscan dar con los responsables.
Un líder comunal expresó la gravedad de la situación, señalando que "esta banda se ha apoderado de Puerto Olaya, y aunque hemos hecho consejos de seguridad, no pasa nada. El problema se ha venido padeciendo durante 10 años”. Además, se denunció que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) estaba al tanto del reclutamiento de menores por parte de la banda, pero no se han tomado medidas efectivas para frenar la situación.
En respuesta a la indignación generada por el caso, la Gobernación de Santander y la Alcaldía de Cimitarra ofrecieron una recompensa de 60 millones de pesos a quien suministre información que permita capturar a los asesinos de los tres adolescentes. Por su parte, el coronel Raúl Pérez, comandante operativo del Departamento de Policía Santander, hizo un llamado a la comunidad para que colaboren con las autoridades y brinden cualquier información que ayude a identificar a los responsables.
El secretario de Gobierno del municipio, Ómar Esneider Galvis, condenó el crimen y afirmó que la fuerza pública mantiene presencia permanente en el corregimiento, asegurando: “Repudiamos este horroroso hecho y estamos trabajando para restablecer la seguridad en la zona”.
Mientras tanto, el ICBF emitió un comunicado indicando que están brindando apoyo a través de un equipo de la Defensoría de Familia, en coordinación con la Comisaría de Familia, la cual tiene la competencia territorial para adelantar las acciones correspondientes.
Por su parte, las autoridades locales no descartan la posibilidad de convocar a un consejo regional que involucre a las administraciones de Antioquia y Santander, debido a que los grupos criminales que cometen estos actos violentos operan en los límites entre ambos departamentos, generando una situación de zozobra y temor en las comunidades afectadas.
