Gobernación pide información sobre método empleado para el avalúo catastral que se salió de toda lógica en Santander
La Gobernación de Santander solicita al IGAC y las alcaldías detalles sobre los criterios técnicos del aumento en el impuesto predial, buscando asegurar la legalidad y protección de los contribuyentes, fundamentado en la Ley 44 de 1990.
La Gobernación de Santander solicita al IGAC y las alcaldías detalles sobre los criterios técnicos del aumento en el impuesto predial, buscando asegurar la legalidad y protección de los contribuyentes, fundamentado en la Ley 44 de 1990.
Los puntos clave serán generados automáticamente por IA y revisados por la redacción de El Frente.
El contexto histórico y los antecedentes serán generados a partir del archivo periodístico de El Frente.
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La Gobernación de Santander requirió al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y a las alcaldías información precisa sobre los aumentos en el impuesto predial que han generado preocupación ciudadana.
El Gobernador Juvenal Díaz Mateus ordenó a la Secretaría de Planeación, dirigida por Diego Tamayo, solicitar los criterios técnicos y las actas de los procesos catastrales que originaron los nuevos avalúos.
Las partes piden detallar cómo se determinaron los valores catastrales, si hubo procesos de actualización o conservación y qué pasos siguieron las administraciones municipales para aplicar los ajustes tributarios.
La Gobernación solicitó además copia de los mecanismos de verificación y control empleados por el IGAC cuando actúa como gestor catastral.
El secretario Tamayo afirmó que la administración busca garantizar el respeto de los límites legales en los incrementos y recordó el artículo 6 de la Ley 44 de 1990, que fija topes para la variación del impuesto entre periodos fiscales. La dependencia pidió informes de la socialización y las medidas para proteger a los contribuyentes.
La Gobernación anunció que analizará la documentación recibida y orientará a los ciudadanos sobre los resultados. El objetivo es preservar la transparencia y asegurar que las decisiones municipales se ajusten al marco normativo con rigor.