Gobierno de Petro toma control sobre la Nueva EPS, generando incertidumbre entre los afiliados

En un movimiento que ha sorprendido a la nación, la administración de Gustavo Petro, a través de la Superintendencia de Salud, ha procedido a intervenir la Nueva EPS. Este evento ocurre apenas un día después de la controversial toma de medidas similares contra Sanitas, una acción que ha provocado una ola de debates y especulaciones acerca del futuro de los servicios de salud en Colombia para millones de ciudadanos.

La intervención sucede en paralelo al proceso de votación de la propuesta de reforma a la salud del presidente Petro, la cual acaba de sufrir un revés en la Comisión Séptima del Senado.

La estructura accionaria de la Nueva EPS está dividida equitativamente: "El 50 % más una acción pertenece a inversores privados conformados por las cajas de compensación Cafam, Colsubsidio y Compensar, mientras que el 50 % menos una acción está en manos de La Previsora Vida, una compañía estatal". Previamente, el Gobierno ya había indicado su intención de influir en la EPS a través de la designación de Aldo Cadena, un antiguo colaborador de Petro, como presidente de la entidad.

Aldo Cadena enfrenta críticas por expresar la necesidad de reformular la UPC, base para el financiamiento de las EPS. El representante a la Cámara Andrés Forero, del partido Centro Democrático, lo considera una señal clara de la intención del Gobierno de Petro de "sofocar a las EPS, incluyendo aquellas bajo su control, y una clara represalia contra Cadena".

El presidente Petro también ha lanzado acusaciones directas contra la Nueva EPS, alegando malversación contable. A través de su cuenta personal de Twitter, Petro destacó un "hallazgo de contabilidad falsa y la desaparición de seis billones de pesos asignados a la salud, una información respaldada por su exministra de Salud, Carolina Corcho.

Con 10,8 millones de personas afiliadas, de las cuales 4,7 millones son del plan contributivo y 6,1 millones del subsidiado, la inquietud principal radica en el destino de la atención a los pacientes y la identidad del nuevo interventor designado por el Gobierno. La destitución de la junta directiva anterior como resultado de la intervención ahora deja puertas abiertas a decisiones que podrían cambiar radicalmente el panorama de la salud para millones de colombianos.