Gobierno habría aprovechado protestas como distractor para promulgar reforma a la rete-fuente

Mientras el país centraba su atención en las manifestaciones convocadas el pasado 28 de mayo, el Gobierno nacional adoptó una de las decisiones fiscales más significativas y controversiales del último año: la expedición del Decreto 0572, una medida que modifica profundamente el sistema de retención en la fuente en Colombia.

La norma, firmada por el Ministerio de Hacienda en plena jornada de paro nacional, pasó casi desapercibida para la opinión pública. Sin embargo, sus implicaciones son de alto impacto: anticipa aún más el cobro de impuestos a trabajadores formales, independientes y pequeños empresarios, en un contexto de estrechez fiscal del Estado.

El decreto establece tres principales cambios en el sistema tributario:

Incremento en las tarifas de retención, lo que se traduce en mayores descuentos aplicados directamente sobre los ingresos.

Reducción de los umbrales de retención, ampliando la base de contribuyentes afectados, incluidos quienes tienen ingresos más bajos.

Eliminación de beneficios tributarios, herramientas que en muchos casos permitían a los contribuyentes conservar liquidez para operar.

Aunque desde el Ejecutivo se ha presentado como una medida técnica y necesaria para enfrentar la crisis fiscal, diversos sectores económicos han advertido que se trata de una estrategia para adelantar el recaudo del año 2026 y cubrir el déficit presupuestal del 2025. Una decisión que, según expertos, podría tener efectos contraproducentes a mediano plazo.

Entre los más afectados se encuentran los empleados formales con ingresos medios y altos, trabajadores independientes por prestación de servicios y pequeños empresarios que operan en el marco de la legalidad. Para estos grupos, el nuevo esquema representa una reducción inmediata en su liquidez y un aumento en su carga tributaria.

Analistas consultados señalan que, lejos de fortalecer el sistema tributario, esta medida podría incentivar la evasión, reducir la contratación formal, desincentivar el emprendimiento y agravar la creciente informalidad en la economía.

La falta de debate público y la oportunidad en la que se firmó el decreto han levantado cuestionamientos sobre la transparencia y legitimidad del proceso. Para algunos sectores, se trató de una maniobra política, ejecutada mientras la atención nacional se encontraba en otra parte.

En un contexto de desconfianza institucional, este tipo de decisiones puede minar aún más la relación entre contribuyentes y Estado. “Recaudar más temprano no significa recaudar mejor, y mucho menos de forma más justa”, advierte un tributarista consultado.

El Decreto 0572, lejos de resolver la crisis fiscal del país, podría profundizarla, al tiempo que pone en riesgo el delicado equilibrio entre legalidad, equidad y confianza en el sistema tributario.