Resumen
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Nuevo informe de la auditoría realizada por la Contraloría General de la República es el resultado de las peticiones del presidente de la SAE, Daniel Rojas Medellín, a los entes de control para ayudar a develar las irregularidades encontradas en la entidad y denunciadas desde el inicio del mandato del presidente Gustavo Petro. Los hallazgos fiscales por 28.000 millones de pesos, que hace referencia la Contraloría, son en su mayoría el reflejo de la gestión que gobiernos anteriores realizaron en la Sociedad de Activos Especiales e, incluso, desde que existía la Dirección Nacional de Estupefacientes.
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) informó con respecto a la auditoría realizada por la Contraloría General de la Nación donde se evidencian hallazgos fiscales por $28.000 millones que estos, corresponden a contratos, cobros de cartera, pagos de servicios públicos, bienes perdidos, ventas por debajo del valor comercial, ocupaciones irregulares, entre otras irregularidades en las que se ven involucrados gobiernos anteriores.
Por ejemplo, en el informe publicado, la Contraloría señala un detrimento patrimonial de más $16.000 millones por ocupaciones irregulares de los predios que administra la SAE en las principales ciudades del país.
Ante esto, la Sociedad de Activos Especiales confirma que a corte de diciembre de 2022 se recibió la entidad con una ocupación irregular del 47,7% del total de los bienes administrados, según informe de la Contraloría del año pasado.
Frente a esta situación, Daniel Rojas Medellín, presidente de la SAE y con el incansable trabajo del equipo humano de la entidad en un año, han logrado bajar esta cifra al 45,4%, según el nuevo informe de la Contraloría, es decir, 762 bienes ya no están en ocupación irregular.
En el 2022 la SAE expidió 174 órdenes de desalojos, en 2023 176 y lo corrido del 2024 ha expedido 188.
Aunque hemos logrado frenar la curva de ocupación y disminuirla, hay que resaltar que un operativo de desalojo en cuestiones logísticas tiene un costo que oscila entre los 10 y 50 millones de pesos, sin contar, el equipo humano que se requiere tanto de la SAE como de otras entidades.
Estamos hablando de un recurso económico y humano importante con el que no se cuenta para lograr desalojar en el corto plazo, los 15.031 inmuebles que se encuentran en ocupación irregular desde hace varios años o incluso décadas.
Dentro de la estrategia de recuperación de bienes en ocupación irregular, la SAE, antes de realizar el desalojo y para evitar una nueva ocupación, hace el estudio debido para entregar predios rurales a la reforma agraria a través de las asociaciones campesinas y los inmuebles urbanos para apoyar diversos proyectos sociales, el emprendimiento popular o la misionalidad de otras entidades como la ampliación de cobertura universitaria, o la capacidad del ICBF, entre otras, también para comercializar a través de venta o arriendo.
Por ejemplo, los informes periodísticos de algunos medios mencionan la ocupación irregular del edificio Lina Cristina, que presuntamente se está usando como prostíbulo.
Dentro de la estrategia de recuperación de inmuebles, en este momento el edificio se encuentra en trámite para ser destinado a la Universidad Nacional sede de Palmira.
Una vez se lleve a cabo todo el proceso de destinación, se procederá a realizar el desalojo para entregárselo a la institución educativa. Así se avanza con la recuperación de los más de 15.000 inmuebles ocupados irregularmente para comercializarlos o destinarlos con fines sociales.
Además, temas de cartera de arrendamiento de inmuebles, pago de cuotas de administración y de servicios públicos mencionados en el informe también son situaciones heredadas de anteriores gobiernos que hemos venido solucionando.
Lo que sí le podemos decir a la opinión pública, es que hemos aumentado la facturación por arrendamientos de $53.000 millones en mayo de 2023 a $61.000 millones en mayo de 2024.
Equinos vendidos por debajo del valor comercial y relojes perdidos:
La Contraloría en el informe da a conocer dos hallazgos relacionados con la Sociedad Nuevo Amanecer, que fue incautada en el 2019, y las irregularidades y el presunto detrimento se habrían presentado en el anterior gobierno.
El primero tiene que ver con la venta de 15 equinos de paso fino (Caballos) por debajo de su valor comercial convirtiéndose este negocio en un detrimento patrimonial de $99 millones.
El segundo hallazgo está relacionado con la pérdida de 69 relojes avaluados en más de $1.300 millones. Este es un caso ya conocido por la opinión pública y en anteriores pronunciamientos de la SAE, se ha dejado claro que el presunto robo se produjo en el gobierno de Iván Duque y la misma SAE interpuso las denuncias que en este momento avanzan en la fiscalía.
La actual administración de la SAE solicitó vincularse al proceso judicial como víctima y seguirá prestando todo el apoyo para la investigación.
Taxis:
Sobre el caso de 31 taxis extraviados en el inventario de la SAE en Bogotá y Montería, la Contraloría realizó un hallazgo fiscal por más de $ 1.900 millones.
La Sociedad de Activos Especiales aclara que este caso obedece a un contrato de arriendo que firmó el gobierno anterior con un tercero, quien al finalizar el contrato se negó a devolver los vehículos.
En la actualidad hay acciones administrativas y judiciales para recuperar los taxis, dentro de dichas acciones un juez de la república ordenó la restitución de los vehículos y la SAE está adelantando acciones para que se cumpla.
Desde septiembre de 2022 que llegó Daniel Rojas Medellín a la presidencia de SAE, se realizaron las respectivas denuncias de los presuntos casos de corrupción que se evidenciaron en la entidad. Hechos que el presidente de la República Gustavo Petro, también expuso desde el día de su posesión como primer mandatario del país.
La Contraloría atendió el llamado y desde entonces, están trabajando mancomunadamente para esclarecer los hechos a través de las auditorias. Actualmente la SAE cuenta con más de 700 planes de mejora para atender los hallazgos de la contraloría.
La Sociedad de Activos Especiales asumió desde el primer día del nuevo gobierno las evidentes irregularidades y la falta de recursos económicos y humanos para administrar los más de 33.000 inmuebles, por lo que se creó la Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento y adelantó un rediseño institucional para optimizar procesos y capacidades.
Como resultado de esta decisión, la entidad pasó de tener 588 funcionarios en el 2022 a 927 actualmente. Esto se ve reflejado en el aumento de los recursos de la entidad y la ampliación del espacio físico, razón por la cual nos trasladamos a un nuevo edificio para albergar la planta de personal y así, cumplir con la importante tarea que el Gobierno del Cambio le asignó a la SAE.
Recordando que este aumento de capacidades se ha visto reflejado en una mejor administración de los bienes, en las nuevas metas sociales de la entidad como el aporte a la reforma agraria y el recaudo histórico que logro la SAE en el 2023 de $806.000 millones, recursos que se aportan al presupuesto general de la nación.
