Resumen
La Procuraduría General de la Nación de Colombia llama al Gobierno a abordar el aumento de extorsiones desde cárceles, que representa el 41% del delito carcelario. Propone la creación de una Unidad Judicial Exclusiva Especializada e Interinstitucional para desarticular este problema.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Ante el aumento indiscriminado de las extorsiones desde las cárceles del país, la Procuraduría General de la Nación hizo un enérgico llamado al Gobierno para que ponga freno a esta situación.
En ese sentido, el Ministerio Público propuso evaluar la creación de una Unidad Judicial Exclusiva Especializada e Interinstitucional para desarticular el flagelo de la extorsión carcelaria y extramural a nivel nacional.
Y es que para el ente de control resulta preocupante que este tipo de extorsión vaya en aumento pues representa el 41 por ciento del delito desde las cárceles.
El caso más alarmante se da en Tuluá, Valle del Cauca, en donde la banda delincuencial “La Inmaculada” viene azotando a comerciantes y empresarios de la región con la exigencia de gruesas sumas de dinero o de lo contrario sus establecimientos serán blanco de atentados.
Desde la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos se ha hecho especial seguimiento a esta problemática, alertando que este delito corre el riesgo de extenderse a otras regiones del país tal como está sucediendo ahora en Barranquilla.
Para la Procuraduría la falta de operatividad del Gobierno y del INPEC se evidencia hasta en el mal funcionamiento de equipos bloqueadores de señal pues de 22 instalados en igual número de penitenciarias solo funcionan dos.
En igual sentido, cuestiona el ente de control que se permita el ingreso de elementos prohibidos a las prisiones bajo complicidad de guardias y sin recato de autoridad, dando oportunidad a los delincuentes para que amenacen la institucionalidad estando tras las rejas.
Ante las dificultades que presentan las entidades y el incremento día a día de la inseguridad, la Procuraduría llama a los ministros de Defensa, Justicia, Tecnología y Comunicaciones y a las directivas del INPEC a que adopten mecanismos que solucionen esta grave problemática.
