Grave desfinanciamiento por parte del gobierno nacional terminaría perjudicando a la UIS

La Contraloría General de la República advierte sobre situaciones preocupantes que deben ser atendidas por el gobierno nacional para garantizar la sostenibilidad de la educación superior y evitar contratiempos en la prestación de este importante servicio público. Los problemas que afectan las finanzas de las universidades tienen que ver con la falta de recursos específicos por parte de la Nación para cubrir los incrementos salariales, y la transferencia oportuna de los recursos vinculados con la política de gratuidad en las matrículas

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda

Redacción Política / EL FRENTE

La Contraloría General de la República llevó a cabo un análisis sobre la situación fiscal, presupuestal y pensional de las principales universidades públicas del país (Universidad Nacional, Universidad de Antioquia, Universidad del Valle y Universidad Industrial de Santander), encontrando varios aspectos preocupantes que, de no abordarse de manera urgente, podrían comprometer la estabilidad financiera de estas instituciones y poner en riesgo la calidad de la educación superior, un servicio público fundamental.

El estudio reveló que tres de estas universidades —la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Antioquía y la Universidad del Valle— tienen, a diciembre de 2024, un pasivo pensional acumulado de $8,3 billones, siendo el mayor de todos el de la Universidad Nacional, con un total de $4,5 billones.

Esta deuda ha ido incrementándose debido a los cálculos actuariales realizados por cada institución, pero la CGR enfatiza la importancia de actualizar constantemente estos cálculos para tener una estimación más precisa de la deuda y evitar sorpresas futuras. De hecho, el informe señala que algunas universidades están basando sus proyecciones en datos que datan de hace más de diez años.

La Contraloría también subraya la necesidad de que las entidades del nivel central transfieran los recursos de concurrencia (aportes del gobierno nacional) de forma oportuna para cubrir los pagos de pensiones de estas universidades. Además, se resalta que es crucial revisar los porcentajes que las universidades deben aportar a estos pagos, ya que en algunas de ellas, los ingresos propios no son suficientes para cumplir con estas obligaciones.

“La magnitud de esta brecha podría agravarse si se tiene en cuenta lo establecido en el recientemente expedido decreto de formalización laboral para las instituciones de educación superior pública del país (Decreto 391 de 2025), que de acuerdo con cálculos ofrecidos por el Sistema Universitario Estatal (SUE) requeriría recursos a la base presupuestal del sistema de universidades públicas que ascenderían aproximadamente a 2.9 billones de pesos. Vale mencionar que este decreto no cuenta con una fuente clara de financiación por parte del Gobierno nacional.”

Un ejemplo de esto es la Universidad del Valle, que está comprometida a aportar un 19,9%, lo que le genera dificultades para cumplir con su parte del convenio.

Otro tema relevante en el análisis de la Contraloría son los efectos del régimen salarial y prestacional de los docentes, establecido en el Decreto 1279 de 2002. Este régimen permite la acumulación de puntos salariales por productividad académica, lo que incrementa los costos anuales de manera significativa, pero los recursos presupuestarios destinados a cubrir estos gastos no crecen al mismo ritmo, generando dificultades en el cumplimiento de las obligaciones financieras de las universidades.

Un ejemplo claro es la Universidad de Antioquía, que en 2017 reconoció un valor de $10.364 millones por los puntos salariales asignados, mientras que en 2024 este valor ascendió a $18.239 millones, lo que representa un aumento del 76%.

Déficit con aumentos salariales

En relación con este punto, la Contraloría señala que la Nación nunca ha asignado recursos específicos para cubrir estos incrementos salariales. Aunque se han transferido recursos adicionales, la mayoría de ellos han sido destinados a fines específicos, como los planes de cobertura implementados por las universidades.

Un riesgo adicional señalado por la Contraloría es la formalización laboral de los funcionarios de estas instituciones, ya que el recientemente aprobado Decreto 391 de 2025, que establece la formalización laboral en las universidades públicas, podría generar una brecha aún mayor en el presupuesto de estas instituciones.

De acuerdo con el Sistema Universitario Estatal (SUE), la implementación de este decreto requeriría una inyección de recursos adicionales que ascenderían a aproximadamente $2.9 billones, sin contar con una fuente de financiamiento clara por parte del Gobierno Nacional.

Otro factor que afecta gravemente las finanzas de las universidades públicas es la política de gratuidad en las matrículas, establecida mediante el Decreto 2271 de 2023. Este programa ha modificado el esquema de recaudo, ya que las universidades reciben un primer giro del 80% de los ingresos por matrícula al inicio del semestre y un segundo giro del 20% una vez se validen los datos con el Ministerio de Educación Nacional (MEN).

Sin embargo, el informe destaca que el primer giro se realiza generalmente después de que ha comenzado el semestre, lo que genera dificultades de liquidez para las universidades. En 2024, el desembolso de estos recursos estuvo condicionado por la disponibilidad presupuestal del Ministerio de Hacienda y los trámites administrativos del MEN, lo que resultó en giros parciales y fraccionados.

Finalmente, la Contraloría menciona la deuda histórica en términos de inversión en infraestructura en las universidades públicas, lo que ha afectado su capacidad de brindar servicios educativos de calidad. Un ejemplo representativo es la Universidad Nacional de Colombia, que tiene proyectos de inversión en infraestructura física y tecnológica por un monto de $1,4 billones para continuar siendo un referente en el ámbito nacional y latinoamericano.

El análisis concluye que es fundamental reformar el esquema de financiación previsto en los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, reforma que actualmente está en trámite en el Congreso. Mientras tanto, se hace urgente que los recursos provenientes de la Nación sean transferidos oportunamente a las universidades para poder atender sus necesidades estructurales y operativas. Además, es esencial reconocer la complejidad de cada institución y que los recursos destinados a estas universidades aumenten de manera sostenida, con el fin de superar el desfinanciamiento histórico que afecta negativamente el cumplimiento de sus funciones misionales.