Grave panorama fiscal en universidades públicas, según la Contraloría

La Contraloría General de la República emitió una fuerte alerta sobre la sostenibilidad financiera de varias universidades públicas del país, tras detectar serias deficiencias presupuestales, pensionales y estructurales que ponen en riesgo la continuidad de la educación superior en Colombia.

De acuerdo con un informe reciente del organismo de control, tres universidades públicas acumulan un pasivo pensional que asciende a $8,3 billones, siendo la Universidad Nacional de Colombia la más comprometida con una deuda de $4,5 billones. La situación es aún más delicada debido a que algunas instituciones no tienen actualizados sus cálculos actuariales, lo que podría generar contingencias económicas no previstas.

"Es urgente que el Gobierno Nacional gire oportunamente los aportes destinados a cubrir los pagos a pensionados. De lo contrario, estas universidades no podrán garantizar el cumplimiento de sus obligaciones", señala la Contraloría. Además, recomendó revisar los porcentajes que deben asumir las propias universidades para cubrir estos pasivos, ya que muchas no cuentan con ingresos suficientes. Por ejemplo, la Universidad del Valle debe aportar el 19,9% del total, pero enfrenta dificultades financieras para cumplir con este compromiso.

Otro aspecto preocupante del informe es el impacto del régimen salarial y prestacional de los docentes, que permite la acumulación de puntos salariales por productividad académica. Esta política ha disparado los gastos en algunas instituciones. En la Universidad de Antioquia, el gasto pasó de $10.364 millones en 2017 a $18.239 millones en 2024, lo que representa un incremento del 76%.

El documento también advierte sobre las consecuencias del Decreto 391 de 2025, que obliga a las universidades públicas a formalizar a sus trabajadores. Esta medida implicaría un costo de $2,9 billones, sin que exista aún una fuente clara de financiación.

La gratuidad en las matrículas, una de las banderas del actual modelo de educación superior, también fue objeto de cuestionamientos. Aunque la medida busca ampliar el acceso a la universidad, el esquema actual de financiación afecta el flujo de caja de las instituciones. Según el informe, las universidades reciben apenas el 80% de los recursos al inicio del semestre, y el 20% restante llega tras procesos administrativos que pueden tardar semanas o incluso meses.

Además, la Contraloría identificó un rezago crítico en la inversión en infraestructura. En particular, la Universidad Nacional acumula una deuda histórica de $1,4 billones en proyectos destinados a mejorar su planta física y su capacidad tecnológica.

La entidad concluyó que es necesaria una reforma estructural al sistema de financiación de la educación superior pública, que garantice recursos oportunos y suficientes para que estas instituciones puedan cumplir con sus funciones esenciales, sin poner en riesgo su estabilidad financiera.

“Las universidades públicas requieren decisiones de fondo. Sin un compromiso serio por parte del Gobierno Nacional, la viabilidad del sistema educativo superior está en juego”, concluye el informe.