Resumen
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Entre las problemáticas detectadas se destacan serias dificultades y atrasos en la ejecución de proyectos de acueductos, vías terciarias (caminos comunitarios), puentes y en el sistema de recaudo de mercancías, generando un impacto negativo en las comunidades que dependen de estas infraestructuras.
La DIARI alerta sobre fallas en contratos: obras demoradas, costos adicionales y perjuicio para las comunidades.
En el programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, los departamentos de Boyacá, Atlántico, Bolívar y Risaralda presentan el mayor número de proyectos suspendidos, mientras que Nariño, Atlántico y Magdalena enfrentan las prórrogas más largas.
La Contraloría General de la República, a través de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), alertó sobre el estado de algunas obras de infraestructura en el país que impactan a sectores tan importantes como agua potable, saneamiento básico y transporte, tanto de las vías concesionadas a carga de la ANI como de las vías a carga del INVÍAS, comprometiendo la conectividad, el acceso a servicios básicos y la calidad de vida de millas de colombianos.
Resultados de los modelos analíticos y alertas emitidos
Desde abril de 2020, la DIARI ha desarrollado y operado modelos de monitoreo especializado para identificar riesgos y anomalías en obras públicas. Estos modelos han emitido 1.647 alertas, involucrando recursos por $71.8 billones, de los cuales $6.2 billones corresponden a 287 alertas emitidas en 2024.
Entre los proyectos más afectados destacan infraestructura vial (19,81%), vivienda (17,73%), centros educativos (17,67%) y el sector acueductos y alcantarillados (13,50%).
Las principales inconsistencias están relacionadas con: avance físico significativamente menor al programado, suspensiones prolongadas que duplican el plazo contractual y diferencias marcadas entre los avances físicos y financieros de los contratos.
Las alertas reflejan fallas en la planeación, ejecución, puesta en servicio y seguimiento de los contratos, lo que deriva en obras demoradas e inconclusas y costos adicionales que afectan significativamente a las Comunidades beneficiarias de las mismas.
Caminos comunitarios: una ejecución rezagada
El programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, diseñado para intervenir 33.102 km de vías rurales terciarias en 26 departamentos, tiene una inversión estimada de $ 8 billones.
A octubre 15 de 2024, se han suscrito 2.157 convenios solidarios y contratos, de los cuales se han terminado obras en 728 de ellos; están en ejecución 285 convenios solidarios; están suspendidos 20 convenios y están firmados sin iniciar ejecución 1.124 convenios y contratos, todo esto con una inversión total de $ 524.778 millones.
Entre las falencias detectadas están:
· Avance físico muy por debajo del cronograma establecido.
· Incremento en los plazos de ejecución, que a la fecha oscilan entre 7 y 12 meses (originalmente planificados de 1 a 3 meses).
· Dificultades en la supervisión e interventoría, debido a montos insuficientes en los convenios.
Los departamentos de Boyacá (con 4), Atlántico (3), Bolívar (3) y Risaralda (3) presentan el mayor número de proyectos suspendidos, mientras que Nariño, Atlántico y Magdalena enfrentan las prórrogas más largas. Estas situaciones afectan a las comunidades beneficiarias que, en muchos casos, son los propios ejecutores de las obras; Además, retrasarán la debida conectividad de las zonas rurales donde se ubican, e incrementarán los costos de las obras, en muchos casos disminuyendo su alcance.
Producto de esta situación, la Contraloría delegada para el sector de Infraestructura ha incluido en el Plan Nacional de Vigilancia y Control Fiscal de 2025, una Auditoría de Cumplimiento al INVÍAS por este Programa, para las vigencias 2023 y 2024.
Acueductos y alcantarillados: fallas reiterativas en las etapas de planeación
Con una inversión acumulada de $10.9 billones en proyectos de agua potable y saneamiento básico, el 64% de estas obras han requerido reformulaciones debido a fallas en los estudios iniciales.
Esta situación ha generado:
· Incrementos promedio del 28% en costos totales.
· Tiempos de finalización extendidos entre 2 y 5 años.
· Proyectos incompletos o inoperativos, como los acueductos de Acandí y Río Quito, detenidos desde 2018.
Además, el análisis revela que el 68% de estos proyectos son financiados a través de los Planes Departamentales de Agua, cuya normatividad requiere ajustes para prevenir inconsistencias y garantizar la funcionalidad de las obras.
La DIARI ha identificado 173 proyectos críticos que representan más de $2.9 billones en riesgo, de los cuales el 45% aún espera aprobación para su reformulación.
Puentes: balance de una infraestructura en riesgo
El inventario nacional incluye 3.856 puentes, de los cuales más de 200 están en estado crítico o extremo. A pesar de que el INVIAS ha activado el Sistema Inteligente de Gestión de Puentes y asignado $42 mil millones para intervenciones, estos recursos solo alcanzan para atender 10 puentes. Los departamentos más afectados son Antioquia, Valle del Cauca y Magdalena.
El 30% de los puentes carecen de pólizas de seguro, lo que agrava los riesgos para su mantenimiento. La DIARI ha emitido alertas sobre 173 estructuras prioritarias que requieren intervención inmediata, advirtiendo que su deterioro pone en peligro la seguridad de los ciudadanos y la conectividad regional.
Mediante diversos requerimientos, desde la Delegada para el Sector de Infraestructura se ha solicitado a la ANI e INVÍAS, acciones urgentes y eficaces, habitada cuenta del estado crítico de los puentes citados y de su obligación misional de preservar la vida y bienes de los usuarios de las carreteras del país.
Impacto económico del Decreto 050 de 2023 en las concesiones viales
Como bien ya lo manifestó la Contraloría General de la República en agosto del presente año, el Decreto 050 de 2023, que congeló las tarifas de peaje , ha generado un impacto financiero significativo en los proyectos de concesión vial y en las finanzas públicas. Durante 2023, se generó una obligación contractual de compensar a los concesionarios por valor de $ 610.000 millones y para el año 2024 podría alcanzar los $440.000 millones, lo cual se incrementará si próximamente no se realiza el ajuste pendiente del 4,64% del año 2023. y si no se garantiza el ajuste oportuno correspondiente al año 2024.
Además, se reitera que se corre el riesgo de que para los once (11) contratos concesionados viales de iniciativa privada (IP) vigentes, la afectación pueda ser aún mayor dado que no tienen desembolso de recursos públicos y la recuperación de la inversión depende exclusivamente del recaudo de las tarifas de peaje que pagan quienes utilizan la infraestructura vial. Incluso, se podría ocasionar la terminación anticipada de los mismos, obligando al Estado a tener que asumir estos costos y provisionar recursos adicionales para mantener y operar lo parcialmente construido y para finalizar las obras inconclusas. Estas acciones representarían un impacto fiscal severo y un retroceso en la adecuada conectividad vial del país.
La Contraloría General de la República hace un llamado urgente al Gobierno Nacional y a las entidades responsables para:
· Fortalecer los lineamientos normativos y técnicos: Se requieren estándares más rigurosos en la planeación y evaluación de proyectos para minimizar reformulaciones y prevenir obras inconclusas.
· Asignar recursos adecuados: El déficit de presupuesto para proyectos prioritarios, como puentes en estado crítico, necesita ser atendido con urgencia.
· Mejorar la supervisión: Implementar sistemas de monitoreo más robustos que permitan identificar riesgos desde las primeras etapas de los proyectos.
· Revisión de políticas tarifarias de pesos: Asegurar que se ajusten adecuada y oportunamente, conforme lo establecido los contratos de concesión vigentes.
