Más de 2.000 familias arriesgan su vida a diario al cruzar una peña empinada entre veredas. El llamado es directo al gobernador Juvenal Díaz Mateus, al Concejo Municipal y a la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Región / EL FRENTE

El miedo camina con la gente. Baja despacio, se agarra de piedras húmedas, de escaleras improvisadas y de la fe. Así transitan a diario los habitantes de varias veredas rurales del municipio de San Andrés, quienes hoy alzan la voz para pedir una solución mínima pero vital: la instalación de una canasta aérea que les permita movilizarse sin jugarse la vida.

Desde sectores como El Caracol, Pablo VI, Giral, Ramadas y la Laguna de Ortices, más de 2.000 familias deben descender por una peña extremadamente empinada, resbalosa y sin condiciones de seguridad, para comunicarse con el casco urbano del municipio. El trayecto, según denuncian, se vuelve aún más peligroso en temporada de lluvias, cuando el agua corre por ambos lados del paso y un resbalón puede significar caer directamente al río.

“Por lo que más quiera, señor gobernador, haga una canasta”, implora uno de los habitantes en un testimonio que hoy circula entre la comunidad. Su voz no es solo súplica, es advertencia. En el mismo recorrido se observan adultos mayores, jóvenes, animales y hasta niños pequeños cargados en brazos. “Mire este muchacho que viene con un niño. Si ese niño se resbala, ¿qué puede pasar?”, pregunta con angustia.

Los pobladores aseguran que no se trata de una obra costosa ni de alta complejidad técnica. Hablan de tubos de perforación, guayas con estándares de seguridad y algunos bultos de cemento, una infraestructura básica que permitiría el paso seguro de personas, alimentos y enseres. “No nos sacrifiquen más”, repiten, cansados de vivir con el riesgo como rutina.

El llamado no es solo al gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, a quien reconocen como autoridad departamental y líder en temas de seguridad y orden. La exigencia se extiende al Concejo Municipal de San Andrés, al alcalde, al personero municipal y de manera especial a la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo, para que evalúen la situación y actúen antes de que ocurra una desgracia irreversible.

“Estas son gestiones del personero, de quien defiende los derechos humanos”, señalan los habitantes, quienes también piden la mirada de la Procuraduría sobre un problema que, a su juicio, ya supera el nivel de simple dificultad rural y se convierte en un riesgo permanente para la vida.

Mientras las autoridades deliberan, la comunidad sigue bajando por la peña. Cada paso es una apuesta. Cada niño que cruza, una plegaria silenciosa. La canasta no es un lujo, insisten. Es una línea de vida suspendida sobre el abismo.