¿Impuesto al valor agregado o mecanismo de financiación forzada?

A lo largo de la historia tributaria colombiana, el impuesto al valor agregado —mejor conocido como IVA— ha sido objeto de múltiples modificaciones. Las razones son diversas: recaudo, redistribución, competitividad, formalización… y, en algunos casos, simple conveniencia fiscal. Sin embargo, más allá de las justificaciones teóricas, el IVA tiene una naturaleza que no puede ocultarse: es el impuesto más regresivo del sistema, pues recae directamente sobre el consumo, sin distinguir entre niveles de ingreso. Lo paga el que puede... y también el que no.

Este impuesto, que debería ser neutral en la cadena de valor, ha terminado convirtiéndose en un obstáculo financiero para quienes producen, comercian o prestan servicios en el país. En teoría, el IVA lo paga el consumidor final. En la práctica, lo asume —al menos temporalmente— el empresario.

La raíz del problema está en la dinámica del flujo de caja: cuando un empresario factura con IVA, debe declarar y pagar ese impuesto bimestral o cuatrimestralmente. Pero muchos de sus clientes no pagan de contado. Algunos cancelan con retrasos, otros simplemente incumplen. Esto obliga al empresario a anticipar al Estado un valor que, en términos reales, no ha recibido aún. Es decir, la DIAN cobra primero que el cliente.

En un entorno donde las tasas de interés son altas, los mecanismos de financiación bancaria son limitados y los márgenes empresariales son reducidos, esta dinámica convierte al IVA en un instrumento de presión financiera. De manera no oficial, el Estado se financia a través de los contribuyentes que actúan como agentes de retención y que, muchas veces, terminan recurriendo a créditos costosos o sacrificando liquidez para poder cumplir. No sorprende entonces que una proporción significativa de las obligaciones vencidas ante la DIAN esté compuesta por saldos de IVA, que a menudo deben refinanciarse a través de mecanismos de facilidades de pago que, como sabemos, también se incumplen con frecuencia.

En mi criterio, el sistema actual debe ser revisado con urgencia. La estructura de tarifas diferenciales, que distingue entre bienes y servicios gravados, exentos, excluidos y no gravados, genera una complejidad innecesaria tanto para el empresario como para el Estado. Esta dispersión de criterios abre espacio a errores de interpretación, litigios tributarios y prácticas evasivas.

Lo óptimo sería avanzar hacia una tarifa única, más baja, que reduzca el impacto sobre el consumidor y la carga financiera sobre el productor. Esta medida ampliaría la base gravable, simplificaría las declaraciones y cerraría muchas brechas técnicas. También eliminaría la distorsión entre responsables y no responsables del IVA, que, lejos de fomentar la formalización, genera asimetrías en el mercado y confusión en los contribuyentes.

El IVA debe dejar de ser un mecanismo de presión financiera disfrazado de impuesto indirecto. Es hora de pensar en un sistema tributario que no castigue la productividad ni el crecimiento, sino que facilite el cumplimiento y promueva una economía más transparente y equilibrada. Y sobre todo, que no convierta al empresario en el recaudador forzoso de una obligación que, paradójicamente, ni siquiera siempre llega a cobrar.