INFORME: Así secuestraba el Bloque Magdalena Medio de las Farc en Santander

La investigación de la Sala de Reconocimiento de la JEP evidenció que el Bloque Magdalena Medio de las extintas Farc-EP secuestró para controlar los territorios y para financiarse. Las privaciones de la libertad ocurrían en viviendas, fincas y durante tomas guerrilleras. En los dos patrones, la magistratura identificó crímenes adicionales al secuestro y al asesinato. Esta semana, la JEP imputó cargos a toda la cúpula del Bloque, entre los que se encuentra un representante a la cámara santandereano del Partido Comunes, Jairo Cala o Jairo Mechas.

Las víctimas de secuestro de este bloque narraron que fueron sometidas a amarres extremos, golpes, humillaciones, prohibiciones arbitrarias, insultos y amenazas. Marco Alirio Cortés, por ejemplo, contó ante la JEP: “me desnudaron, me amarraron de pies y manos, templándome de una cadena y un lazo a los árboles, generándome dolores. En varias ocasiones perdí la conciencia por el dolor que me generaba”.

Otras víctimas sufrieron un daño diferenciado, como las mujeres que se vieron expuestas a un contexto militar masculino que las puso en una situación de vulnerabilidad particular.

Según lo relata una de ellas, “para ir al baño tenía que hacer mis necesidades en un hueco delante de todos, no nos daban papel y nos tocaba limpiarnos con hojas, no teníamos cepillo dental ni jabón, siempre nos apuntaban con fusiles”.

Secuestraron para controlar el territorio

La mayoría de los secuestros perpetrados por el Bloque Magdalena Medio tenían como objetivo el control social y territorial para lograr el plan de tomarse el poder por la vía armada. Eso explica que, de 85 privaciones de la libertad, múltiples e individuales, documentadas por la sala, 60 se dieron en busca del control territorial.

Los comparecientes reconocieron ante la JEP que secuestraron a personas que consideraban “colaboradores del enemigo”. Es decir, que los privaron de la liberad por supuestamente haber ayudado o pertenecer al Ejército Nacional o a grupos paramilitares.

Los excombatientes además aceptaron que cometieron “errores”, pues muchos de estos secuestros se perpetraron con información de inteligencia poco rigurosa y eso terminó en secuestros y homicidio basados en rumores o mentiras.

Un hecho clave en el aumento de los secuestros por control territorial fue la toma paramilitar de Barrancabermeja, el 16 de mayo de 1998. Dicho municipio santandereano tuvo una importancia geoestratégica porque permitía tener influencia sobre el desarrollo de actividades económicas legales e ilegales en la región.

Allí tenían una fuerte presencia las Farc-EP y el ELN. Es por ese municipio que los paramilitares de la Casa Castaño buscan llegar al sur de Bolívar y Catatumbo para quitarles terreno y el control de los cultivos de coca a las Farc-EP.

La consecuencia fue el aumento de las confrontaciones armadas al tiempo que los secuestros de las Farc-EP por control territorial se hicieron más frecuentes, pues temían la llegada de paramilitares a sus territorios.

En esa búsqueda del control social y territorial, el Bloque Magdalena Medio también secuestró a decenas de candidatos, alcaldes y concejales. Un hecho ilustrativo fue la operación “Despedida a Samper”.

En 1997, previo a las elecciones regionales, por instrucción de Pastor Alape, esta estructura guerrillera privó de la libertad a candidatos y funcionarios para obligarlos a renunciar o a cumplir con sus exigencias.

Los comparecientes reconocieron ante la JEP que el objetivo fue “mostrar un vacío de poder”, que no había “control territorial del Estado colombiano”.

En el marco de esa operación, con la que pretendían enviar un mensaje tanto al gobierno saliente de Ernesto Samper como al entrante, el 10 de mayo de 1998, el Frente 24 secuestró a nueve concejales del municipio de San Pablo, Bolívar.

Los comparecientes reconocieron ante la JEP que este secuestro masivo fue motivado por su rechazo a la democracia electoral y por sospechas de que los concejales simpatizaban con los ejércitos paramilitares.

Tras un mes de cautiverio, la guerrilla no pudo comprobar la colaboración de los concejales con los paramilitares así que fueron liberados. Sin embargo, la guerrilla les advirtió que debían renunciar a sus cargos y las víctimas acreditadas ante la JEP han señalado que pagaron por su liberación.

Esta clase de secuestros afectó la democracia a nivel regional. Así lo reconocieron los comparecientes ante la JEP: “Sabemos que son muchas más las personas afectadas (...) Por eso queremos realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad y solicitud de perdón por las privaciones a la libertad a personas que ejercían su actividad política o un cargo de elección popular”.

Otro de los casos documentados por la sala fue la toma de la estación de Policía de Cucutilla, en la región de Catatumbo, Norte de Santander, en 1999. Por orden de Rodrigo Londoño, hombres del Frente 20 y de la Compañía García Rovira atacaron la estación por cerca de 15 horas.

Durante el ataque, asesinaron a dos patrulleros, un policía resultó herido y ocho más fueron privados de la libertad. Hoy, uno de ellos, Víctor Julio Sierra, sigue desaparecido. Las víctimas recordaron ante la JEP los malos tratos a los que fueron sometidos, como estar encerrados en jaulas sin la posibilidad de ver el sol. La Sala de Reconocimiento de Verdad calificó este hecho como una forma de tortura.

Secuestraron para financiarse

Desde los años 80, los secuestros perpetrados por el Bloque Magdalena Medio con fines de financiación fueron constantes. Sin embargo, fue hasta la conferencia guerrillera de 1993 cuando esta práctica de las Farc-EP se consolidó como una política que se extendió por todo el país.

La sala identificó varias modalidades de los secuestros de este bloque: El secuestro como castigo a empresas, comerciantes, ganaderos, agricultores y transportadores que no pagaban las extorsiones exigidas por la guerrilla.

El secuestro a personas sin información rigurosa sobre su capacidad de pago. Y el secuestro en alianzas con bandas delincuenciales. En relación con esta última modalidad, el compareciente Fabio Gil Forero, conocido como ‘Norbey’, admitió que las bandas hacían la inteligencia y seleccionaban a las víctimas, mientras que la guerrilla negociaba con las familias y custodiaba a los cautivos.

En el año 2000, cuando las Farc-EP perdía apoyo social por secuestrar a personas que no tenían dinero suficiente para pagar por su libertad, la dirección de esa guerrilla estableció en su “Ley 002” que solo extorsionarían a personas con un “patrimonio superior a un millón de dólares”.

Pero en la práctica esta normativa no se cumplió. De hecho, el Frente 11, dirigido por Luis Emilio Avendaño Parias (†), conocido como ‘Ramón Once’, cobró ‘vacunas’ y ejecutó “hasta tres y cuatro secuestros semanales de manera indiscriminada”, dijo el compareciente Pastor Alape, quien agregó que se trató de “una acción despiadada”.

Uno de los hechos que ejemplifica el secuestro de civiles sin capacidad de pago fue el de Juvenal Vargas.

Él narró ante la JEP que se encontraba en su finca en el municipio de Sucre, Santander, cuando dos guerrilleros del Frente 23 se lo llevaron. Vargas permaneció cautivo durante seis días, mientras su familia pedía dinero a un “gota a gota”, un prestamista ilegal que les dio el dinero rápido, a cambio de intereses muy altos. Al final, la familia Vargas pagó 50 millones a la guerrilla después de ese préstamo y la venta de su ganado.