Informe de la Corte revela el colapso carcelario en Santander: hacinamiento extremo, abandono y fallas en seguridad

Las cárceles colombianas siguen atrapadas en un círculo de hacinamiento, abandono institucional y violaciones sistemáticas de derechos humanos que, pese a múltiples sentencias judiciales y órdenes estructurales de la Corte Constitucional de Colombia, continúan repitiéndose con una crudeza alarmante. Así quedó evidenciado tras la más reciente ruta de inspecciones adelantada por la Sala Especial de Seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional Penitenciario y Carcelario, cuyos hallazgos volvieron a desnudar la gravedad de la crisis en centros de reclusión de Santander, Cesar, La Guajira, Boyacá y Bogotá.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

Uno de los panoramas más preocupantes fue encontrado en la Estación de Policía Norte de Bucaramanga, un lugar concebido originalmente para detenciones transitorias de pocas horas y que hoy opera como una cárcel improvisada, colapsada y convertida en símbolo del fracaso estructural del sistema penitenciario colombiano.

En su informe, la Corte describió un escenario que raya con lo inhumano. “La Sala verificó condiciones críticas de hacinamiento y permanencia prolongada de personas privadas de la libertad en un espacio originalmente destinado a detenciones transitorias”, señaló el alto tribunal tras la inspección judicial realizada en Bucaramanga.

La dimensión del hacinamiento resulta escandalosa incluso para estándares ya deteriorados del sistema carcelario nacional. Según constató la Sala Especial, en la estación permanecían recluidas 154 personas privadas de la libertad, pese a que el lugar apenas tendría capacidad para entre 15 y 20 detenidos.

“Al momento de la diligencia, en el establecimiento permanecían 154 personas privadas de la libertad  (153 sindicadas y una condenada) pese a que las instalaciones cuentan con una capacidad aproximada para entre 15 y 20 personas”, advirtió la Corte.

Pero la crisis no se limita únicamente a la sobreocupación. El informe también deja en evidencia cómo los centros de detención transitoria terminaron funcionando de facto como cárceles permanentes, en abierta contradicción con los límites legales establecidos.

“La Sala constató que la totalidad de la población privada de la libertad superaba el límite de 36 horas previsto para este tipo de instalaciones, registrándose casos de permanencia de hasta dos años”, reveló el documento judicial.

Dos años en una estación de policía diseñada para albergar detenidos por apenas unas horas. La frase por sí sola retrata el colapso de un sistema incapaz de garantizar condiciones mínimas de dignidad humana.

Alimento precario y descanso degradante

La Corte también describió escenas profundamente degradantes dentro de las celdas improvisadas de la estación del norte de Bucaramanga. “La Sala constató condiciones severas de sobreocupación, especialmente en tres celdas internas en las que las personas privadas de la libertad permanecían en espacios altamente reducidos, utilizando hamacas improvisadas y zonas del piso para descansar o dormir”.

La inspección además encontró que antiguas áreas destinadas a parqueaderos fueron adaptadas de manera precaria como zonas de reclusión, en medio de graves limitaciones de ventilación, duchas y acceso sanitario.

“La Sala también observó limitaciones de espacio, ventilación y acceso a baterías sanitarias y duchas para la totalidad de la población recluida”, agregó el informe.

La situación alimentaria tampoco escapó a los cuestionamientos. Durante la diligencia, distintas entidades expresaron preocupaciones sobre la calidad de los alimentos entregados y sobre la incapacidad presupuestal de las autoridades territoriales para sostener adecuadamente la manutención de la población privada de la libertad.

A ello se suma una restricción particularmente delicada: según se informó a la Corte, los internos no estarían recibiendo visitas familiares, permitiéndose únicamente encuentros con abogados defensores, una medida que profundiza el aislamiento y deteriora aún más las condiciones humanas de reclusión.

La crisis se tomó Palogordo

El recorrido judicial también llegó hasta la Cárcel y Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Girón, conocida como Palogordo, donde si bien el nivel de hacinamiento resulta considerablemente menor frente a otros establecimientos del país, persisten múltiples problemas estructurales que siguen golpeando la dignidad y seguridad de internos y funcionarios.

“Durante la diligencia también se reportaron dificultades relacionadas con el suministro y la disponibilidad de medicamentos”, señaló la Sala. El informe igualmente advierte sobre el creciente ingreso de elementos prohibidos al penal, fenómeno que evidencia las fallas de control y los riesgos de seguridad dentro del centro penitenciario santandereano.

“La Sala verificó problemáticas asociadas a la seguridad de funcionarios y directivas, ingreso de teléfonos celulares y otros elementos ilícitos mediante drones y lanzamientos desde el exterior del establecimiento”.

Pese a ello, la Corte también encontró algunos avances en programas de resocialización y formación educativa dentro de Palogordo, incluyendo talleres productivos, bibliotecas, proyectos agrícolas y convenios de educación técnica y superior. Sin embargo, esos esfuerzos institucionales terminan chocando contra una realidad nacional donde la sobrepoblación, la precariedad médica y el deterioro de la infraestructura continúan desbordando cualquier intento de rehabilitación efectiva.

Las inspecciones adelantadas por la Sala Especial de Seguimiento no hacen otra cosa que confirmar que el llamado “estado de cosas inconstitucional” declarado hace años por la Corte Constitucional sigue plenamente vigente. Las cárceles y centros de detención del país continúan convertidos en bodegas humanas donde la dignidad parece suspendida entre rejas oxidadas, colchonetas improvisadas y pasillos saturados.

Mientras tanto, los fallos judiciales, los anuncios gubernamentales y las promesas de reforma penitenciaria siguen acumulándose sobre escritorios oficiales, muy lejos de las celdas sofocantes donde cientos de personas sobreviven hacinadas en condiciones que hace mucho dejaron de ser compatibles con cualquier estándar básico de derechos humanos.