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Injusta y monstruosa condena contra el General ® Jesús Armando Arias Cabrales

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Resumen

El artículo discute la retoma del Palacio de Justicia de Bogotá por las fuerzas militares contra el Movimiento Guerrillero Diecinueve de Abril en 1985. Critica la celebración del robo de la espada de Bolívar por miembros de M-19 y el rol del presidente Gustavo Petro Urrego en estas acciones.

Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
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Durante la retoma del Palacio de Justicia de Bogotá, que había sido tomado por las guerrillas del Movimiento Guerrillero Diecinueve de Abril los días 6 y 7 de noviembre de 1985, comprometidos ellos en la destrucción de  los procesos penales que cursaban contra miembros de ese grupo subversivo y contra los integrantes de la mafia del Cartel de Medellín, que lideraba Pablo Emilio Escobar Gaviria, hubo valientes miembros de las fuerzas militares, como el General Miguel Vega Uribe, un santandereano verraco, que era el Ministro de Defensa y contra el General Jesús Armando Arias Cabrales, encargado de la operación militar para lograr el rescate de los dieciocho magistrados que estaban secuestrados, el presidente Belisario Betancur Cuartas se abstuvo de ordenar el ‘Cese al fuego’ como lo reclamaba el presidente de la Corte Suprema de Justicia, argumentando que era un acto de dignidad nacional,  ejecutar una acción temeraria, para salvar las instituciones.

Mientras el presidente de la Corte Suprema de Justicia, ubicado al interior del edificio ubicado frente a la Plaza de Bolívar, junto con los demás juristas de altísima categoría, insistían en una solución negociada, el ejército tomó la iniciativa de la retoma del Palacio de Justicia, en cuya operación murieron dieciocho magistrados, entre titulares y auxiliares, además de civiles, que según versiones habrían salido con vida de la prueba de fuego a que eran sometidos por los terroristas del M-19, banda criminal a la que pertenecía entonces el actual presidente de la república. Petro no estaba presente en la criminal operación, pero eran sus colegas de la lucha armada quienes protagonizaban este acto de barbarie, que la historia de Colombia no puede repetir.

Lo que pasó esta semana en Bogotá, con la celebración del robo de la espada de Bolívar como un acto de heroicidad de los rebeldes del M-19 que habían sustraído de la Quinta del Libertador, es una humillación a las instituciones, producto de la  iniciativa del presidente de la república Gustavo Petro Urrego,  otro acto de provocación a las fuerzas militares y de policía, sutilmente preparado por los guerrilleros de aquella época, que ahora ocupan altos cargos en los ministerios y otras entidades públicas del país, bajo las órdenes de quien, para esa época, había empuñado las armas robadas del Cantón Norte de Bogotá, otro de los golpes audaces ejecutado durante la ola criminal provocada por este movimiento rebelde, que estaba encabezado por Álvaro Fayad, Carlos Pizarro León-Gómez, Andrés Almarales Manga, Gerardo Ardila Serrano, Vera Grabe (actual consejera de paz) y Antonio Navarro Wolf, algunos de los cuales sobrevivieron a la catástrofe y ahora son los nuevos dirigentes de la nación.

¿Qué necesidad tenía el exguerrillero Gustavo Petro Urrego al agitar ese nido de alacranes en que se ha convertido el ejercicio político en Colombia? Para satisfacer el triunfalismo de quienes fueron unos bandidos y ahora son los dueños del gobierno nacional, para recordarle al país el holocausto del Palacio de Justicia, donde miembros del Movimiento Diecinueve de Abril habían recibido financiación del ‘Cartel de Medellín’, para destruir los expedientes de los grandes capos del narcotráfico, que el expresidente Belisario Betancur tenía que extraditar hacia Cortes Federales de los Estados Unidos. Buscaron un chivo expiatorio que fue el General Jesús Armando Arias Cabrales, a quien le echaron la culpa de la desaparición de algunas personas y de la muerte de los magistrados de las altas cortes, que habían sido secuestrados por las guerrillas del M-19.  Que humillación para unos héroes de la patria como el General Arias Cabrales, condenado a treinta y cinco años de prisión por los crímenes de lesa humanidad que cometió el M-19, algunos de cuyos sobrevivientes, son ahora los nuevos amos de Colombia.

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