Investigan a la magistrada Cristina Lombana por presunto incremento patrimonial injustificado
La Uiaf halló inconsistencias entre el patrimonio declarado por Cristina Lombana y los registros oficiales, con diferencias millonarias en varios años.
La Uiaf halló inconsistencias entre el patrimonio declarado por Cristina Lombana y los registros oficiales, con diferencias millonarias en varios años.
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El contexto histórico y los antecedentes serán generados a partir del archivo periodístico de El Frente.
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La magistrada Cristina Lombana enfrenta una investigación por un presunto incremento patrimonial injustificado, luego de que un informe de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) identificara inconsistencias entre los bienes declarados por la funcionaria y los registros tributarios oficiales desde que asumió funciones en la Corte Suprema de Justicia en 2018.
La investigación fue solicitada por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y, según reveló el Reporte Coronell de Caracol Radio, el crecimiento patrimonial de Lombana despertó alertas entre organismos de control y entidades fiscalizadoras.
De acuerdo con el informe, el patrimonio declarado por la magistrada pasó de $651 millones en 2017 a $1.018 millones en 2018. Para 2024, la cifra alcanzó los $3.402 millones, lo que representa un incremento superior a cinco veces respecto al inicio de su gestión en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema.
La Uiaf señaló que existen diferencias sustanciales entre los activos reportados por Lombana y los bienes identificados en registros de la Dian y otras fuentes oficiales. Uno de los puntos que más preocupa a la entidad corresponde al año 2022, cuando la magistrada declaró un patrimonio de $2.469 millones, mientras que los registros tributarios solo respaldaban bienes por $596,5 millones, generando una diferencia cercana a $1.873 millones.
El informe también advierte que apenas el 33% del patrimonio reportado por la funcionaria estaría plenamente soportado con información proveniente de terceros. Además, entre 2022 y 2024, el promedio anual de diferencia patrimonial habría sido de aproximadamente $2.025 millones.
Dentro de la investigación se identificaron trece matrículas inmobiliarias relacionadas con la magistrada en ciudades como Bogotá, Medellín, La Calera y Ricaurte. Siete de esas propiedades figuran directamente a su nombre y tendrían un avalúo catastral cercano a $1.142 millones, aunque su valor comercial ascendería a unos $2.916 millones.
La Uiaf también revisó movimientos financieros registrados entre septiembre de 2019 y diciembre de 2025. Según el documento, las cuentas de Lombana reflejaron depósitos por $6.103 millones y retiros por $6.007 millones durante ese periodo.
Frente a las acusaciones, Lombana negó cualquier irregularidad y aseguró que el incremento de su patrimonio se explica por factores legales y personales. Entre ellos mencionó pagos de pólizas de seguros tras enfrentar un cáncer, herencias familiares, ahorros realizados en cuentas AFC y los ingresos derivados de su condición de militar retirada, que le permiten recibir simultáneamente una pensión por invalidez y el salario de su actual cargo.
La magistrada sostuvo además que parte de las diferencias podrían obedecer a actualizaciones comerciales de los avalúos inmobiliarios realizadas con fines tributarios. Asimismo, afirmó que la investigación respondería a una presunta persecución política impulsada por sectores cercanos al ministro del Interior, Armando Benedetti.
