Investigan a la magistrada Cristina Lombana por presunto incremento patrimonial injustificado
Resumen
La Uiaf halló inconsistencias entre el patrimonio declarado por Cristina Lombana y los registros oficiales, con diferencias millonarias en varios años.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
La magistrada Cristina Lombana enfrenta una investigación por un presunto incremento patrimonial injustificado, luego de que un informe de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) identificara inconsistencias entre los bienes declarados por la funcionaria y los registros tributarios oficiales desde que asumió funciones en la Corte Suprema de Justicia en 2018.
La investigación fue solicitada por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y, según reveló el Reporte Coronell de Caracol Radio, el crecimiento patrimonial de Lombana despertó alertas entre organismos de control y entidades fiscalizadoras.
De acuerdo con el informe, el patrimonio declarado por la magistrada pasó de $651 millones en 2017 a $1.018 millones en 2018. Para 2024, la cifra alcanzó los $3.402 millones, lo que representa un incremento superior a cinco veces respecto al inicio de su gestión en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema.
La Uiaf señaló que existen diferencias sustanciales entre los activos reportados por Lombana y los bienes identificados en registros de la Dian y otras fuentes oficiales. Uno de los puntos que más preocupa a la entidad corresponde al año 2022, cuando la magistrada declaró un patrimonio de $2.469 millones, mientras que los registros tributarios solo respaldaban bienes por $596,5 millones, generando una diferencia cercana a $1.873 millones.
El informe también advierte que apenas el 33% del patrimonio reportado por la funcionaria estaría plenamente soportado con información proveniente de terceros. Además, entre 2022 y 2024, el promedio anual de diferencia patrimonial habría sido de aproximadamente $2.025 millones.
Dentro de la investigación se identificaron trece matrículas inmobiliarias relacionadas con la magistrada en ciudades como Bogotá, Medellín, La Calera y Ricaurte. Siete de esas propiedades figuran directamente a su nombre y tendrían un avalúo catastral cercano a $1.142 millones, aunque su valor comercial ascendería a unos $2.916 millones.
La Uiaf también revisó movimientos financieros registrados entre septiembre de 2019 y diciembre de 2025. Según el documento, las cuentas de Lombana reflejaron depósitos por $6.103 millones y retiros por $6.007 millones durante ese periodo.
Frente a las acusaciones, Lombana negó cualquier irregularidad y aseguró que el incremento de su patrimonio se explica por factores legales y personales. Entre ellos mencionó pagos de pólizas de seguros tras enfrentar un cáncer, herencias familiares, ahorros realizados en cuentas AFC y los ingresos derivados de su condición de militar retirada, que le permiten recibir simultáneamente una pensión por invalidez y el salario de su actual cargo.
La magistrada sostuvo además que parte de las diferencias podrían obedecer a actualizaciones comerciales de los avalúos inmobiliarios realizadas con fines tributarios. Asimismo, afirmó que la investigación respondería a una presunta persecución política impulsada por sectores cercanos al ministro del Interior, Armando Benedetti.
