Investigan contratistas del Acueducto de Bucaramanga por millonaria pérdida de recursos, un exgerente también está empapelado

Mientras Bucaramanga y su área metropolitana enfrentaban el desafío histórico de garantizar agua para las próximas décadas, una parte de los recursos destinados a ese propósito terminó, presuntamente, convertida en una cadena de gastos injustificados, contratos extraños y obras que, según la Fiscalía, quedaron plagadas de deficiencias técnicas.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

Lo que debía ser una de las inversiones más importantes para la seguridad hídrica de Santander terminó convirtiéndose en uno de los escándalos de corrupción más graves en la historia reciente del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (AMB).

Hoy, varios empresarios y exfuncionarios enfrentan un proceso penal por las irregularidades detectadas en la ejecución del contrato 017 de 2015, suscrito entre el AMB y el Consorcio Suratá 2015, por más de 41.000 millones de pesos.

La historia de este proyecto comenzó mucho antes del escándalo. En 2009, el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) aprobó el proyecto de regulación del río Tona y la construcción del embalse de Bucaramanga, una iniciativa concebida para evitar futuros desabastecimientos en Bucaramanga, Floridablanca y Girón.

La obra fue considerada de interés nacional por el Gobierno y recibió recursos de diferentes niveles del Estado. El plan contemplaba una gran reserva de agua para soportar temporadas de sequía y garantizar el suministro para cientos de miles de habitantes. Posteriormente, el proyecto fue ampliándose con la construcción de nuevas infraestructuras asociadas, entre ellas la Planta de Tratamiento de Agua Potable Los Angelinos, la Planta de Tratamiento de Lodos Bosconia, el sistema de regulación del río Tona, las líneas de conducción y aducción asociadas al embalse.

El objetivo era simple: que Bucaramanga no sufriera una crisis de agua. De hecho, años después el embalse terminó demostrando su importancia. En 2022 entró en operación para enfrentar la disminución del caudal del río Suratá y permitió mantener el abastecimiento de la ciudad durante la temporada seca.

El contrato de $41.000 millones

El 18 de julio de 2015, el entonces gerente del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, Ludwing Stunkel García, suscribió el contrato 017 con el Consorcio Suratá 2015, el cual ascendía a más de 41.000 millones de pesos.

Como ocurre en este tipo de obras, se entregó un anticipo equivalente al 30 % del valor total, es decir, cerca de 12.000 millones de pesos. Sin embargo, según las investigaciones de la Fiscalía, parte de esos recursos habrían terminado utilizándose para fines completamente ajenos al objeto contractual.

La Dirección Especializada contra la Corrupción detectó pagos por conceptos que no tenían ninguna relación con las plantas de tratamiento ni con las obras hidráulicas. Entre los hallazgos más insólitos apareció la financiación de actividades para capacitar mujeres embarazadas en la elaboración de bolsos y zapatos.

Para una red de veedores ciudadanos, la pregunta inevitable surgió de inmediato: ¿Qué relación tenía enseñar tejido artesanal con una infraestructura destinada a garantizar agua potable para Bucaramanga? La respuesta nunca apareció.

Durante las investigaciones, las autoridades intentaron reconstruir los movimientos financieros. Pero surgió otro episodio digno de una novela de corrupción. Los responsables manifestaron que la información contable se había perdido.

Esa circunstancia impidió verificar numerosos soportes financieros y dificultó seguir el rastro de los recursos públicos. En otras palabras, cuando llegó la hora de rendir cuentas, los documentos simplemente habían desaparecido.

Licitación con nombre propio

La Fiscalía también encontró presuntas irregularidades desde antes de la firma del contrato. Según el ente acusador, las condiciones exigidas para participar en la convocatoria pública habrían sido diseñadas de tal manera que únicamente el Consorcio Suratá 2015 pudiera cumplirlas.

Es decir, la competencia habría sido una formalidad y el ganador estaría prácticamente definido desde el inicio. Por estos hechos, en diciembre de 2017 fueron imputados el entonces gerente del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, Ludwing Stunkel García.

Liliana Bohórquez, representante legal del Consorcio Suratá; Otros vinculados al proyecto, entre ellos Aurelio López Mier, quien hoy enfrenta serios cargos con la justicia por los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento.

Entonces, la Fiscalía estimó inicialmente un detrimento cercano a los 1.600 millones de pesos. Las irregularidades no terminaron con la adjudicación. Según la investigación, el contratista habría recibido desembolsos pese a no cumplir con las obligaciones establecidas.

Las inspecciones realizadas por la Fiscalía revelaron múltiples fallas técnicas como la ausencia de sistemas de aducción, deficiencias en las plantas proyectadas, componentes que nunca fueron instalados, infraestructura que terminó siendo prácticamente inservible.

Lo más grave es que se trataba de un proyecto concebido para enfrentar uno de los riesgos más delicados para cualquier ciudad: quedarse sin agua.

Operación Guane I y el Plan Bolsillos de Cristal

La magnitud del caso llevó a que fuera priorizado dentro de la denominada Operación Guane I, impulsada por la Fiscalía General de la Nación durante la administración de Néstor Humberto Martínez.

La investigación hizo parte del denominado Plan Bolsillos de Cristal, una estrategia nacional creada para atacar casos emblemáticos de corrupción pública.

Y no era para menos pues no se trataba de una carretera secundaria ni de una obra ornamental, era la infraestructura encargada de proteger el futuro hídrico del área metropolitana.

Cada peso perdido significó retrasos en una obra estratégica que debía blindar a Bucaramanga frente a las sequías. Paradójicamente, mientras la ciudad esperaba soluciones para garantizar el suministro del líquido más esencial, algunos de los recursos terminaron, según la Fiscalía, financiando actividades completamente ajenas al objeto del contrato.