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Investigan exalcaldesa en Santander por dudas en un contrato para las ferias y fiestas del municipio

La Procuraduría formuló cargos contra la exalcaldesa de Gámbita y una exfuncionaria por presuntas fallas en un contrato de $249 millones para las ferias y fiestas de 2023.

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La Procuraduría formuló cargos contra la exalcaldesa de Gámbita y una exfuncionaria por presuntas fallas en un contrato de $249 millones para las ferias y fiestas de 2023.

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La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra la exalcaldesa de Gámbita, Santander, Aidubby Juliana Mateus Espitia, quien gobernó el municipio entre 2020 y 2023, y contra la entonces secretaria de Gobierno, Diana Marcela Camacho Vanegas, por presuntas irregularidades en la celebración de un contrato superior a los 249 millones de pesos destinado a la realización de actividades culturales, artísticas y deportivas durante las ferias y fiestas de 2023.

 

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

La decisión fue adoptada por la Procuraduría Provincial de Instrucción de San Gil, que investiga si la exmandataria suscribió un convenio por $249.745.210 con una cooperativa de trabajo asociado para ejecutar la programación festiva del municipio sin contar, presuntamente, con estudios previos suficientes ni una adecuada planeación contractual.

Según el organismo de control, el proceso contractual habría presentado deficiencias desde su etapa de estructuración. En particular, la Procuraduría busca establecer si la entonces secretaria de Gobierno elaboró y suscribió estudios previos que carecían de soportes técnicos y económicos para justificar el valor del contrato, además de no incluir un análisis del sector ni un estudio de mercado que respaldaran la contratación.

De manera provisional, el Ministerio Público calificó la conducta atribuida a ambas exfuncionarias como una falta gravísima cometida a título de culpa grave, una valoración jurídica que hace parte del proceso disciplinario y que no constituye una decisión definitiva sobre su responsabilidad.

La formulación de cargos corresponde a una investigación que la Procuraduría adelantaba desde 2025. De hecho, en enero de 2026 la entidad prorrogó la etapa de investigación disciplinaria para continuar con la práctica de pruebas relacionadas con este caso, antes de adoptar la decisión conocida este martes.

No es el único expediente disciplinario que ha enfrentado la exalcaldesa. Durante su administración también fue objeto de otra investigación abierta por la Procuraduría por presuntas irregularidades presupuestales y contractuales relacionadas con un proceso de mínima cuantía adelantado en 2022, expediente independiente del caso de las ferias y fiestas.

Las observaciones formuladas por la Procuraduría se centran en principios fundamentales de la contratación estatal, especialmente la planeación, considerada uno de los pilares para garantizar el uso eficiente y transparente de los recursos públicos.

La ausencia de estudios previos, análisis de mercado y soportes técnicos suficientes puede afectar la adecuada determinación del presupuesto oficial, limitar la competencia entre posibles oferentes y dificultar la verificación de que los recursos públicos se ejecuten bajo criterios de economía, transparencia y responsabilidad, aspectos que el órgano de control deberá establecer durante el desarrollo del proceso disciplinario.

 

Un municipio con antecedentes disciplinarios en contratación

El municipio de Gámbita ha registrado en los últimos años varios procesos disciplinarios relacionados con la contratación pública. En 2024, la Procuraduría confirmó la destitución e inhabilidad del exalcalde William Herrera por irregularidades contractuales ocurridas durante su administración, mientras que años atrás también fue sancionado disciplinariamente otro exmandatario del municipio por inconsistencias en procesos de contratación.

El actual proceso contra Aidubby Juliana Mateus Espitia corresponde únicamente a la etapa de formulación de cargos. En adelante, las investigadas podrán ejercer su derecho de defensa y aportar las pruebas que consideren pertinentes antes de que la Procuraduría adopte una decisión de fondo dentro del expediente disciplinario.