Investigan ineficiencia en las CAR para realizar trámites ambientales para proyectos de energías alternativas

Dados los retrasos en la expedición de trámites ambientales para el desarrollo de proyectos no renovables en el país, la Procuraduría General de la Nación convocó a las autoridades del orden nacional y local, para revisar los “cuellos de botella” de manera que, bajo el principio de rigor y pertinencia, se encuentren soluciones alternativas que permitan la implementación de la hoja de ruta para la política de transición energética y el cumplimiento de los compromisos internacionales de Colombia en términos ambientales.

En el seguimiento que realiza el ente de control a la actual política de transición energética, evidenció que buena parte de las demoras en los trámites de licencias y permisos ambientales se deben a dificultades normativas, como por ejemplo la definición por parte del gobierno nacional de las fuentes de “energía alternativa virtualmente contaminantes”, que son las que requieren licencias ambientales, o por procesos como consultas previas a comunidades, entre otros.

Frente a este panorama, la delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios pidió a las autoridades articulación nacional y territorial, teniendo en cuenta el papel relevante que cumplen para la puesta en operación de los proyectos para energías alternativas a la eléctrica y a la de hidrocarburos, como el carbón, que tradicionalmente se ha utilizado en el país.

Así mismo, refirió que la entrada en funcionamiento de los Proyectos de Energía Renovable No Convencional Fotovoltaicos y Eólicos es necesaria para que el país logre cumplir con la reducción de los Gases Efecto Invernadero y la carbono neutralidad, al mismo tiempo que se generen condiciones de desarrollo sostenible y se mitigue el riesgo de desabastecimiento de energía.

Finalmente, el Ministerio Público recalcó en la necesidad de fortalecer las capacidades de las autoridades ambientales, reforzando sus equipos técnicos y conocimientos sobre este tipo de energías, unido a los procesos de diálogo y concertación social, como las consultas previas; y a los estudios de impacto ambiental que elaboran los dueños y titulares de estos proyectos.