Resumen
El artículo detalla cómo figuras vinculadas a movimientos guerrilleros han asumido altos cargos en el gobierno colombiano. Revela chantajes y escándalos financieros en la campaña de Gustavo Petro, reflejando una corrupción electoral generalizada.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Varios representantes y simpatizantes de movimientos guerrilleros que operan en Colombia han sido nombrados en los altos cargos de la administración central, especialmente en el gabinete ministerial, entre ellos Armando Benedetti, nuevo ministro del Interior, para pagarle su silencio por las millonarias sumas de dinero que entraron a la pasada campaña electoral y Edwin Palma, expresidente del Sindicato de la USO de Barrancabermeja, como ministro de minas y energía. El abogado y exconcejal de Bogotá, José Sanguino, oriundo del departamento del Cesar, es el nuevo ministro del Trabajo.
El país recuerda las expresiones de grueso calibre de Armando Benedetti, cuando a gritos le solicitaba a la secretaria privada del entonces presidente de la república, Laura Sarabia, que le abriera una puerta para entrar al despacho del mandatario y recordarle, a mandíbula batiente, las gruesas sumas de dinero de procedencia ilícita que les llegaron a la campaña presidencial y advertía que ‘si el país conociera el origen de millonarias sumas de dinero para comprar elecciones, Petro no habría sido presidente de Colombia’
Por supuesto, el chantaje de Armando Benedetti hizo carrera y convirtió al primer mandatario de los colombianos en un títere, que hace lo que le diga ese personaje que ha hecho prisionero de sus ideas al presidente Gustavo Petro, que no puede decir nada distinto ‘que todo ha sido a sus espaldas’, como cuando los candidatos al senado de la república por el ‘Pacto Histórico’ viajaban a los territorios en avionetas de propiedad de las mafias del contrabando y del narcotráfico.
Que le digan al país que ha sido legítima la elección presidencial del doctor Petro, en medio de un escándalo de carácter internacional, donde el dinero de los paraísos fiscales llegó en bolsas de polietileno a la gerencia de la campaña electoral encabezada por Ricardo roa, actual presidente de Ecopetrol, es decir, de manos del tesorero del Pacto Histórico, es una ventana a la corrupción electoral que se movió para todas partes del país, anunciando la amnistía e indulto de todos los bandidos de grupos armados, que manejan el negocio de la cocaína, en más de cinco departamentos de Colombia y en la región del Catatumbo, donde están en guerra dos poderosos grupos de contrabandistas que abrazaron la lucha guerrillera, para buscar la amnistía y el indulto prometido en la campaña electoral del ‘Pacto Histórico’.
Diecinueve (19) senadores elegidos en la lista cerrada del pacto Histórico, han sido citados a investigación por la Corte Suprema de Justicia, mientras un sujeto como Armando Benedetti que le exigió al presidente su designación en el segundo cargo de la nación, como es el ministerio de gobierno, será la persona que tiene que recibir a los treinta y dos (32) gobernadores de los departamentos y a los alcaldes de ciudades capitales, porque la vicepresidenta de la república, que fue la cuota política de un movimiento rebelde de los indígenas del Cauca, la convirtieron en su heroína.
