JEP eleva a 7.837 las víctimas de “falsos positivos” en Colombia
Resumen
La JEP elevó a 7.837 las víctimas de “falsos positivos” en Colombia, tras ampliar el periodo de investigación y sumar nuevas fuentes.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) actualizó el número de víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Colombia, conocidas como “falsos positivos”, y lo elevó a 7.837 civiles asesinados por miembros de la fuerza pública entre 1990 y 2016. Este nuevo balance amplía significativamente la cifra previa de 6.402 casos documentados entre 2002 y 2008.
El anuncio fue realizado por Alejandro Ramelli, quien explicó que la ampliación responde a la incorporación de nuevas fuentes y a la extensión del periodo de análisis. Según el magistrado, es posible que el número continúe aumentando a medida que avancen las investigaciones.
Los llamados “falsos positivos” constituyen uno de los episodios más graves del conflicto armado colombiano. En estos casos, civiles —en su mayoría jóvenes de sectores vulnerables— fueron asesinados y presentados como supuestos guerrilleros muertos en combate, con el fin de mostrar resultados operacionales y obtener incentivos.
La JEP fue creada tras el acuerdo de paz firmado en 2016 con la antigua guerrilla de las FARC, y tiene como objetivo esclarecer las violaciones más graves a los derechos humanos cometidas durante décadas de conflicto. A cambio de reconocer responsabilidad y aportar verdad, los implicados pueden recibir sanciones restaurativas en lugar de penas de prisión tradicionales.
Varios militares, incluidos altos mandos, han reconocido su participación en estos crímenes durante audiencias públicas. En sus testimonios, han detallado cómo se ejercían presiones internas para aumentar las bajas en combate, lo que derivó en la ejecución de civiles inocentes. Algunos confesaron que recibían recompensas como dinero, ascensos o permisos.
La mayoría de los casos se registraron durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), periodo marcado por una política de seguridad enfocada en combatir a los grupos insurgentes. El exmandatario ha negado que estas prácticas hayan sido promovidas desde su administración.
Por su parte, el actual presidente Gustavo Petro calificó estos hechos como “el peor crimen de lesa humanidad cometido en las Américas en este siglo”, subrayando la gravedad del fenómeno y su impacto en la sociedad colombiana.
En paralelo, la JEP determinó que 20 exintegrantes de las FARC son “máximos responsables” del reclutamiento de menores durante el conflicto armado. Este proceso forma parte del Caso 07, que investiga la utilización de niños y adolescentes en la guerra.
Según el tribunal, más de 11.000 víctimas han sido identificadas en este caso, muchas de ellas pertenecientes a comunidades indígenas y afrocolombianas, que sufrieron un impacto desproporcionado. La práctica no solo afectó a los menores, sino que también debilitó las estructuras sociales y culturales de estos pueblos.
Con estos avances, la JEP continúa consolidando su papel en el esclarecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas, en un proceso que sigue siendo clave para la construcción de memoria y reconciliación en Colombia.
