Resumen
El senador Jonatan Pulido ha presentado una demanda contra el nombramiento de Luis Gilberto Murillo como encargado de la Cancillería, argumentando que su condena por peculado lo inhabilita para ocupar cargos públicos. Murillo defiende que su caso está resuelto y no tiene inhabilidades vigentes.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Una demanda ha sido presentada contra el nombramiento del encargado de la Cancillería, Luis Gilberto Murillo, luego de que José Antonio Salazar, exsecretario general de la misma institución, lo acusara de estar inhabilitado debido a una condena por peculado.
El senador santandereano Jonatan Pulido, también conocido como Jota Pe Hernández, del partido Alianza Verde, fue quien radicó la demanda ante el Consejo de Estado, buscando que se declare nulo el encargo realizado por el presidente Gustavo Petro.
“He interpuesto una demanda de nulidad electoral ante el Consejo de Estado en contra del nombramiento de Luis Gilberto Murillo como Ministro de Relaciones Exteriores (E), quien se encuentra inhabilitado para ejercer cargos públicos pues fue condenado por el delito de peculado”, indicó el senador santandereano.
El documento presentado ante el Consejo de Estado precisa que se solicita la nulidad del acto administrativo de encargo emitido por el presidente Petro, el cual designaba a Luis Gilberto Murillo como encargado del Ministerio de Relaciones Exteriores por un periodo de tres meses.
Según las declaraciones de Salazar, Murillo, quien es ingeniero de minas y no abogado, no debería ocupar el cargo de canciller encargado debido a su presunta inhabilitación. Salazar argumenta que Murillo fue condenado por peculado por destinación oficial del delito, lo que lo inhabilitaría para ejercer cargos públicos según la Constitución Nacional.
Este no es el primer escándalo al que Murillo se enfrenta, ya que hace dos años estuvo en una situación similar cuando era fórmula presidencial de Sergio Fajardo. Los hechos están relacionados con presuntas irregularidades en la destinación de fondos para el arreglo de una escuela en Chocó, durante su tiempo como director de la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó, lo que resultó en una condena de seis meses de prisión.
Sin embargo, Murillo ha defendido su posición argumentando que su caso fue resuelto y ha presentado un certificado de antecedentes de la Procuraduría donde se registra que no tiene sanciones o inhabilidades vigentes.
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